Familiares de varios de los fallecidos en una protesta de los llamados mineros informales el pasado abril en la localidad de Chala, al sur de Perú, reclamaron hoy que se sancione a los responsables de las muertes.
El pasado 4 de abril seis personas murieron y decenas quedaron heridas en choques con la policía cuando ésta trataba de desbloquear una carretera en la región de Arequipa ocupada por mineros informales y sus familiares.
Los mineros protestaban contra las medidas del Gobierno para reordenar la minería informal en la región selvática de Madre de Dios, pero los sangrientos sucesos de aquel día desembocaron en la creación de una mesa de trabajo y las disposiciones del Gobierno quedaron en suspenso.
En rueda de prensa, Marilu Rojas y Carmen Rodríguez, quienes perdieron a sus respectivos esposos en las protestas, denunciaron la situación de abandono en la que se encuentran y pidieron algún tipo de reparación, así como que se juzgue y sancione a los responsables de los hechos.
Por su parte, el director de Proyección Institucional de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo, consideró que no se debe consentir ninguna impunidad para los responsables de las muertes.
Según su versión, la policía utilizó bombas lacrimógenas y armas de fuego durante los enfrentamientos con los huelguistas.
Como dijo en su momento la Defensoría del Pueblo de Perú, "la conflictividad social debe ser manejada responsablemente por el Estado y no puede haber un muerto más", señaló Jugo.
El presidente de la Federación de Mineros Artesanales (Fenamarp), Teódulo Medina, cuya organización participó en el bloqueo de la carretera, indicó que "en ningún momento" los manifestantes actuaron con violencia contra la policía, mientras que el Estado actuó "de forma prepotente" lesionando -dijo- a varios mineros que están aún postrados en hospitales y hogares.
El responsable de Aprodeh dijo que su asociación y la federación de mineros artesanales entregarán pruebas a la Fiscalía de Arequipa, donde se ha abierto el proceso, para demostrar la responsabilidad de los oficiales de la Policía Nacional implicados en los sucesos.
Jugo también invocó a las organizaciones sociales a actuar en el marco de la legalidad y el respeto de los derechos de todas las personas.
Durante el presente gobierno de Alan García (desde julio de 2006), Aprodeh ha contabilizado 41 civiles muertos en conflictos sociales registrados en distintas regiones peruanas.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en abril se registraron 260 conflictos sociales en el país, de los que el 42 por ciento tuvo al menos un episodio de violencia.
