El gobernador de Querétaro, José Calzada, dijo hoy que en México, además de "encarcelar a los delincuentes", hay que "liberar a los inocentes" que están en prisión injustamente acusados, en referencia a las dos indígenas otomíes que ayer fueron excarceladas en esa región tras ser condenadas a 21 años.
Alberta Alcántara Juan, 31 años, y Teresa González Cornelio, de 26, pasaron dos años y nueve meses en la cárcel de San José el Alto en Querétaro acusadas de haber secuestrado a seis policías en lo que el gobernador definió hoy, en declaraciones a la emisora MVS, como "un caso evidente de injusticia".
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó "la liberación inmediata" de las dos otomíes encarceladas en México desde agosto de 2006 "porque no son responsables" de los delitos que les imputaron.
Las mujeres indígenas habían sido condenadas a 21 años por hechos que siempre negaron, y durante meses lucharon legalmente por su liberación con el apoyo de organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En declaraciones a la emisora el gobernador de Querétaro, de donde son Alberta y Teresa, se mostró hoy "contento" y "satisfecho porque ya están en libertad" las mujeres.
"Nosotros hemos escuchado y escuchamos durante muchos meses las expresiones de miles de queretanos que estaban inconformes con este tema, y organizaciones internacionales y nacionales", señaló el gobernador, quien lamentó que para estas mujeres no funcionara el concepto de "duda razonable".
Este concepto sí permitió la liberación de una tercera indígena implicada en los hechos, Jacinta Francisco Marcial, en septiembre de 2009, quien siguió una estrategia de defensa algo distinta a la de Alberta y Teresa.
Para el gobernador Calzada, pese a que terminó el caso de las otomíes, "hay otros temas que quedan en el tintero, como la injusticia que se cometió y seguramente las injusticias que hay en todo el país".
Por su parte, en comentarios a la misma emisora, la magistrada de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, consideró que el caso resolvió a favor de las mujeres por "insuficiencia de pruebas" en su contra.
Se mostró escéptica ante la posibilidad de que haya una reparación contra las mujeres porque en México las leyes que en la materia existen no aplican en materia jurisdiccional.
Además indicó que es improbable que haya una sanción al juez del caso. "Simplemente le revocamos su sentencia, le enmendamos la plana y le dijimos, 'tu valoración y tu apreciación de hechos no fue correcta'", comentó.
La magistrada considera que el caso de Alberta y Teresa destapa la necesidad de que la Justicia en México transite pronto a "un sistema acusatorio" con "presunción de inocencia", frente al actual, de tipo "inquisitorio", donde un acusado enfrenta la "presunción de culpabilidad" hasta que él mismo no demuestre lo contrario.
Este cambio está ya en marcha desde la promulgación de la reforma constitucional el 17 de junio de 2008 que entre otras cosas introducirá los juicios orales pero abrió un proceso paulatino de ocho años del que casi han pasado dos.
Esta larga transición "debería de hacerse con mayor celeridad", dijo la magistrada, porque "pudiera, si no ser la panacea absoluta, cuando menos remediar algunas situaciones de las que estamos viviendo", concluyó Sánchez Cordero.
