Gobierno dice que "no hay razón" para que CPI abra investigación en Colombia
Manila
El Gobierno de Colombia consideró hoy que "no hay razón" para que la Corte Penal Internacional (CPI) abra investigaciones en el país por crímenes de guerra, dado que los miembros de grupos armados y de las fuerzas de seguridad acusados por esos delitos son procesados por la Justicia nacional.
El embajador de Colombia ante la CPI, Francisco Lloreda, señaló hoy durante el encuentro "Retos y perspectivas de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia", en Bogotá, que no es una novedad para la Justicia de su país procesar a responsables de crímenes de guerra.
"Miembros de la guerrilla, paramilitares y de la Fuerza Pública acusados de cometer crímenes atroces están siendo procesados o han sido condenados, la mayoría además está en la cárcel", dijo el diplomático.
Además, indicó que los criterios que se establecieron en el Estatuto de Roma, por medio del cual se creó la Corte, "no se cumplen" en Colombia.
"Hay procesos judiciales en marcha, capacidad y disposición para procesar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte", afirmó Lloreda en el seminario, al que también asistieron académicos.
El próximo 1 de noviembre vence la moratoria de siete años que el Gobierno colombiano solicitó a la CPI para investigar delitos de guerra, tras adherirse al Tratado de Roma con esa reserva.
El embajador agregó que la situación de Colombia no es comparable con la de otros países, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ya ha intervenido.
"Eso no significa que el camino por recorrer no sea exigente y que la Justicia nacional, estando Colombia bajo observación, no deba someterse a un autoexamen riguroso para lograr mayor eficacia", apuntó.
El vicefiscal general de Colombia, Fernando Pareja, ratificó lo dicho por Lloreda y señaló que la entidad judicial está realizando una "investigación muy seria" sobre los delitos cometidos por los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.
"El punto de vista de la Fiscalía es que el trabajo que está haciendo todo el sistema de Justicia y Paz en Colombia (...) es un trabajo serio", indicó, al destacar que a pesar de que no se ha producido ninguna sentencia, se ha progresado en cuanto a la verdad.
La Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2003, es el marco jurídico por medio del cual el Estado colombiano otorga beneficios a los desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares.
"La Fiscalía tiene abiertas todas las bases de datos necesarias para la CPI", aseveró Pareja, al subrayar que la Unidad de Justicia y Paz de este organismo no aceptará que "el precio de la paz sea la impunidad".
Comentó que por ahora Justicia y Paz solo tiene bajo investigación a los grupos paramilitares, que negociaron la paz entre 2002 y 2005 con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
"Cuando nos acerquemos a los grupos de insurgencia de izquierda, que vienen delinquiendo en el país hace más de 40 años, vamos a tener un problema un tanto mayor", advirtió.
La Fiscalía tiene identificadas a 257.089 víctimas de la violencia de los grupos armados al margen de la ley en Colombia, una cifra que las organizaciones no gubernamentales consideran superior.
Además, hay entre tres y cinco millones de desplazados y los desaparecidos superan los 40.000, según distintos organismos humanitarios.
Por ahora, se han hallado 2.182 fosas, en las que han encontrado 2.666 cadáveres.
El sistema de Justicia y Paz "registró la desmovilización masiva de 31.671 (paramilitares), de los cuales están plenamente identificados 24.304, cifras que permiten dimensionar la complejidad y dificultades que se tienen que superar en la Fiscalía para cumplir con los compromisos históricos", agregó Pareja.
La CPI puede investigar delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Colombia desde 2002, pero solo podrá atender crímenes de guerra a partir del 1 de noviembre de 2009.
La CPI llega a Colombia con plenos poderes tras siete años de moratoria
La Corte Penal Internacional (CPI) tendrá plenos poderes en Colombia a partir del 1 de noviembre, cuando vence la moratoria de siete años que el Gobierno colombiano solicitó para investigar delitos de guerra, al adherirse al Tratado de Roma. En 2002, cuando comenzó a operar la CPI, el presidente colombiano saliente, Andrés Pastrana, y el entonces recién elegido, Álvaro Uribe, consideraron conveniente pedir la moratoria para facilitar una salida negociada al conflicto armado. Pastrana dejaba un Gobierno en el que había intentado, sin éxito, una negociación política con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de América y que había sembrado el caos con tomas de pueblos y secuestros masivos, para la que creó una zona de distensión en un territorio que por extensión se asemeja a Suiza. Por su lado, Uribe recibía el poder sin intenciones de hablar con los rebeldes y con la promesa de retomar el territorio nacional por medio de la Fuerza Pública; para ello implementó un plan que denominó "Política de Seguridad Democrática". Vencido el periodo de gracia, el conflicto sigue vivo en Colombia; el único acuerdo se alcanzó con los paramilitares, cuyos principales líderes están extraditados a Estados Unidos por el delito de narcotráfico tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz, que ofrecía garantías a cambio de confesiones. Con toda su legitimidad, la CPI podrá ahora investigar delitos de lesa humanidad y genocidio ocurridos desde 2002, pero solo podrá atender crímenes de guerra posteriores al 1 de noviembre de 2009. Esta es la mayor crítica de los defensores de los derechos humanos, como explicó a Efe el activista Alirio Uribe Muñoz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: "aquí los crímenes se han cometido y la guerra ha estado dirigida hacia la población civil" en los últimos años. Lo particular, como explica Uribe Muñoz, es que dependiendo de la causa que presenta un fiscal o el enfoque que le de un juez al caso, un mismo delito puede considerarse de lesa humanidad o de guerra. Así, la CPI solo podrá investigar el reclutamiento de menores o el desplazamiento forzoso de los últimos años si se presenta como delito de lesa humanidad y no como crimen de guerra. Pese a que la Corte Penal no tendrá vigencia plena hasta el próximo domingo, este tribunal comenzó a hacer indagaciones en 2005, cuando la Fiscalía del organismo colocó a Colombia "bajo supervisión". En marzo de ese año indagó conductas relativas a delitos atribuidos a paramilitares, guerrilleros y Fuerza Pública. Tres años después, en julio de 2008, el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, solicitó al Gobierno de Uribe precisar si la extradición de dirigentes paramilitares a Estados Unidos (país que no ha suscrito el Tratado de Roma) podría afectar su procesamiento. Y es que el fin de la CPI es intervenir cuando los Estados no realicen investigaciones o éstas no sean eficaces, es decir, cuando se detecte impunidad en los procesos judiciales por delitos graves. Esto significa también que puede revisar condenas nimias o aquellas en las que no se identificaron a todos los autores del delito. La CPI tendrá jurisdicción para juzgar en Colombia delitos como el reclutamiento forzoso de menores por bandas armadas, masacres, desplazamiento masivo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, nexos entre políticos y paramilitares, torturas y abuso sexual. Además, podrá investigar y sancionar a los militares estadounidenses que actúen con impunidad en territorio colombiano. Las personas que tienen responsabilidad ante la CPI son mayores de 18 años, sin excluir jefes de Estado o de Gobierno, ni funcionarios, incluso si tienen inmunidad. Aunque la CPI ha actuado ya en distintos países, el caso más sonado y reciente se ha dado en Sudán. El pasado marzo este tribunal emitió su primera orden de arresto contra un presidente en activo: Omar al Bashir, acusado de 300.000 muertes y del desplazamiento forzoso de tres millones de sudaneses. Aun así, Al Bashir no ha sido detenido porque hasta ahora no ha visitado ningún país que haya firmado el Tratado de Roma.
