La escasez de recursos y la partida de buena parte de su personal a otros empleos dificulta la conclusión del mandato de los tribunales internacionales para Ruanda (TPIR) y la antigua Yugoslavia (TPIY), afirmaron hoy sus responsables.
En una comparecencia ante la Asamblea General de la ONU, los presidentes de estos dos órganos judiciales explicaron que la política de ofrecer contratos a corto plazo ha provocado la salida de numerosos profesionales especializados, lo que retrasa la conclusión de las causas.
"Todos nuestros esfuerzos afrontan el mismo obstáculo: el problema de la falta de personal", explicó en su intervención el presidente del TPIR, el magistrado Dennis Byron, quien resaltó que en el último año han perdido a 167 empleados.
El juez aseguró que "nuestros mejores y más experimentados profesionales se van continuamente, a menudo a otras instituciones en este mismo campo que les ofrecen contratos más largos".
De todas maneras, resaltó que los responsables del tribunal esperan contar con un fallo en todos los casos pendientes antes de finales de 2011.
"Estoy convencido de que nuestros logros hasta la fecha les deben convencer para proporcionarnos los recursos necesarios para completar el mandato con prontitud", agregó.
Otro obstáculo, según Byron, es la dificultad de trasladar a un tercer país a los acusados absueltos o a los condenados que ya han cumplido su pena.
Un procesado lleva más de cuatro años recluido en una casa de acogida en Ruanda a causa de la negativa de otros países a recibirlo, indicó.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que tiene su sede en la ciudad tanzana de Arusha, fue creado para juzgar a los principales responsables del genocidio ruandés de 1994, en el que entre 800.000 y un millón de personas fueron asesinadas.
El máximo responsable del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Patrick Robinson, describió en su intervención unas circunstancias similares a las expuestas por el juez Byron.
"Nuestro personal experimentado nos deja a un ritmo alarmante", lamentó el magistrado, quien aseguró que el 21% de los empleados del TPIY han abandonado el tribunal.
Esta circunstancia tiene "profundas consecuencias en la agilización de la tarea de concluir las responsabilidades del tribunal", que ahora no se espera sea en 2014.
Entre otras cosas, explicó, ha obligado a los magistrados y el personal restante a asumir el doble de casos de lo previsto, lo que retrasa aún más los trámites y ha obligado a trasladar la fecha de cierre del tribunal a 2014.
Robinson pidió a la Asamblea General que se les permita implementar una política de incentivos para retener a los empleados clave.
Los responsables de ambos tribunales también señalaron que otro obstáculo son los sospechosos que permanecen fugitivos, que en el caso del TPIR son diez y en el del TPIY son dos, el ex general serbobosnio Ratko Mladic y el ex líder serbocroata Goran Hadzic.
