Los jóvenes guatemaltecos urgieron hoy al Congreso del país la aprobación de la Ley Nacional de la Juventud, para que se garanticen sus derechos y su participación política.
Durante una reunión con periodistas, el líder juvenil, Abner Paredes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), explicó que durante un año han presionado a los diputados para que voten la ley, que pasó en abril de 2010 a segunda de tres lecturas en el Parlamento.
La juventud, manifestó Paredes, está en gran desventaja frente a los otros sectores nacionales, porque no hay una ley que les reconozca como tal y les garantice sus derechos frente al clima de violencia que sufre Guatemala.
En la actualidad, los partidos políticos están llamando a la juventud para que se empadronen y participen en las elecciones generales del próximo 11 de septiembre, en las que se elegirán presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 333 alcaldes.
"Nosotros les decimos que hoy voten por la ley, y nosotros y ya veremos si votamos por ellos en septiembre", aseveró Paredes.
Según el dirigente juvenil, los cuatro millones de jóvenes de entre 18 y 35 años que hay en Guatemala representan el 34 por ciento de los potenciales votantes.
"Nosotros apelamos a la inteligencia de los diputados para que aprueben la ley, porque de lo contrario, haremos un análisis para ver si hay jóvenes como candidatos a diputados y alcaldes, y si no, haremos un llamamiento para que los jóvenes no voten por ciertos partidos", advirtió Paredes en declaraciones a Efe.
Los partidos iniciaron oficialmente el pasado lunes su campaña proselitista, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó las elecciones generales para el próximo 11 de septiembre.
Según Paredes, la Ley Nacional de la Juventud les garantizaría todos sus derechos y la participación en la elaboración de políticas públicas.
Además de la normativa, los jóvenes demandan al Congreso que les asigne un presupuesto de entre 30 y 40 millones de quetzales (3,94 y 5,26 millones de dólares) para contar con una secretaría y un consejo, en los que se discutan y se implementen las políticas públicos en su favor.
