La discusión sobre el presupuesto del Órgano Judicial para la vigencia fiscal 2027 reaviva el debate sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia.
Especialistas en derecho coinciden con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en que la institución requiere más recursos para atender sus necesidades, pero también advierten que mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales no depende únicamente de una mayor asignación presupuestaria, sino de fortalecer la gestión y organización interna.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, considera que los 352.2 millones de dólares asignados no alcanzan para atender las demandas de la administración de justicia en sus distintas jurisdicciones (penal, familiar, laboral, civil, entre otras).
Recordó que el artículo No. 214 de la Constitución establece que el Órgano Judicial y el Ministerio Público no pueden, en su conjunto, recibir menos del 2% de los ingresos corrientes del Gobierno central; por tanto, el tema debe ser analizado desde la autonomía presupuestaria que ostenta la entidad.
El abogado Kevin Moncada Luna afirmó que una inversión impostergable para mejorar la justicia en Panamá es el nombramiento de personal, específicamente jueces, para lo cual se requiere mayor presupuesto.
El incremento de recursos también exige transparencia y rendición de cuentas.
Araúz trajo a colación que, junto al jurista Carlos Lee, presentó una demanda que dio lugar en el año 2021 a un fallo de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley No. 176 de 2026 que fijaba el presupuesto de dichas instituciones, al considerar que vulneraban su independencia, pues, como esboza el documento, tienen la facultad de definir sus necesidades y prioridades financieras para garantizar una justicia independiente, altamente competente y eficiente.
El incumplimiento de esta decisión, a su juicio, debilita el Estado de derecho y la confianza en las instituciones porque los principales afectados de esta decisión son precisamente los ciudadanos debido a la demora en la respuesta de los tribunales, lo que, a su vez, ocasiona que la justicia pierda efectividad y los derechos queden sin protección oportuna.
"El presupuesto judicial no es un asunto meramente administrativo; afecta la posibilidad real de que las personas obtengan justicia", recalcó en entrevista a Panamá América.
No obstante, señaló que el incremento de recursos también exige transparencia y rendición de cuentas.
Los panameños, en ese sentido, precisan información pública sobre la ejecución presupuestaria, controles y auditorías, metas verificables para reducir atrasos y mejorar los servicios, y una evaluación abierta, objetiva y pública del desempeño de los jueces y magistrados.
El abogado Kevin Moncada Luna, por su parte, indicó que disponer de mayores fondos le permitiría al Órgano Judicial contratar más jueces, que es una de sus tareas pendientes porque los actuales no se dan abasto con tantos casos; la mora judicial también exige que haya una mejor distribución y coordinación institucional.
Mencionó que el área de cumplimiento, que se encarga de coordinar la agenda del Sistema Penal Acusatorio (SPA), es un "desastre" debido a la falta de organización, lo que evidencia que los desafíos del sistema de justicia no se limitan a la falta de recursos, sino que también abarcan debilidades en la gestión administrativa.
Moncada Luna afirmó que una inversión impostergable para mejorar la justicia en Panamá es el nombramiento de personal, específicamente jueces, para lo cual se requiere mayor presupuesto.
El magistrado Olmedo Arrocha, vicepresidente de la CSJ, no cree que destinar menos del 1% del presupuesto al Órgano Judicial comprometa el desarrollo de los proyectos del Ejecutivo; sin embargo, sí puede afectar la continuidad de las reformas que se vienen realizando al Código Procesal Civil, la economía y la competitividad del país.
