Panamá
La posible lesión patrimonial, por más de dos millones de dólares, se dio supuestamente en los proyectos desarrollados por el Conades en las provincias de Veraguas, Herrera y Colón.
Los contratistas cobraban hasta un 20% de adelantos del monto de las obras a ejecutar.
Funcionarios del Gobierno de Juan Carlos Varela también deben ser investigados, tras la supuesta lesión patrimonial de más de 2 millones de dólares en el programa denominado Sanidad Básica 100% agua y 0 letrinas, manifestó el abogado penalista Silvio Guerra.
El letrado cuestionó la forma en que fue manejado este proyecto por parte de funcionarios del Gobierno pasado, el cual tenía la intención de cambiarle la calidad de vida a los panameños más necesitados, sobre todo en el interior del país, en provincias como Herrera, Los Santos y Veraguas, etc.
Calificó como un "descalabro" el hecho de que estas empresas contratadas cobraban estos adelantos hasta de un 20% y no realizaron las obras.
Guerra indicó que tanta culpa tiene "él que mata a la vaca, como el que le corta la pata" y no se debe ir solamente contra quienes, a nombre de las empresas contrataron con el Estado, sino que también se debe buscar a los funcionarios "negligentes" e "indolentes" que se hicieron de la vista gorda para que otros robaran el dinero del pueblo panameño.
"Más hoy día cuando usted está viendo un pueblo precario, con hambre, con necesidades, con un desempleo en donde la consigna del Gobierno es vacúnate, cuando la consigna primordial debe ser darle trabajo al pueblo", dijo.
Enfatizó que con este tema de la supuesta lesión patrimonial en el programa de Sanidad Básica, lo primero que hay que ver quien era el director del mismo en el Gobierno pasado,
'Él tendrá que decir quien le daba las instrucciones o las órdenes, segundo quien alegremente firmaba, un 20% de la cuantía del proyecto para entregarlas y 20% de un millón, son 200 mil dólares y de dos millones son 400 mil", sentenció'
En esta investigación se vinculan a cuatro empresas que eran las encargadas de desarrollar dichos proyectos, los cuales tenían la intención de eliminar las letrinas en diversas comunidades y dotar de agua a la población más necesitada, algo que no se cumplió al 100%.
Según el examen de reparo, hubo incumplimiento por parte de las empresas que en el Gobierno de Juan Carlos Varela, fueron contratadas para la construcción de las unidades sanitarias.
Luis Ramírez, secretario de Conades señaló que hay contratos de este programa por todo el territorio nacional y que en total se presentaron unas ocho denuncias por estos temas.
De forma puntual, Guerra expresó que no solamente se está hablando de proyectos de 2 millones de dólares, "sino que se habla también qué sucedió otras cosas en otros ministerios, entre ellos el Miviot donde se desembolsaron más de 12 millones de dólares".
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Por su parte, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que la responsabilidad de cuentas establecida en la Constitución desde 2004, es un universo separado a la parte penal, sin embargo, dijo que esto no descarta que se pueda abrir una investigación por estos hechos.
"Creo que el complemento para disipar dudas sobre el funcionamiento de la contratación de asuntos del Estado, entraña que el Ministerio Público (MP) abra una investigación, que se aclare si puede existir algún tipo de peculado".
Añadió que los recursos del Estado deben ser supervisados, por lo cual estos contratos deben investigarse, como paso en distintos momentos con algunas contrataciones que han sido revisadas en el Ministerio Público.
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