Una jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) ordenó este jueves separar de sus cargos a un comisionado de la Policía Nacional (PN) y a un fiscal del Ministerio Público (MP).

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Se trata del uniformado Roberto Castillo y el fiscal de liquidación de familia Orestes Pittí a quienes la semana pasada se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

Ambos funcionarios fueron querellados por el abogado Gustavo Bailey, apoderado legal de la joven Ana Laura Fernández y de sus familiares, quienes han sido objeto de varios episodios de abuso y presunta persecución por parte del comisionado Castillo durante los últimos años.

La jueza también reiteró la aplicación de las medidas cautelares de impedimento de salida del país y no acercamiento a lugares laborales a favor de la víctima y otras tres personas: Roberto Suárez, esposo de Ana Laura; Pedro Fernández, el padre de esta, y Gustavo Bailey, que también es querellante en ese proceso.

Dichas medidas habían sido apeladas por los abogados de los acusados, luego de que una jueza de garantías le imputara cargos a ambos servidores la semana pasada en una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Este caso data de 2014, cuando dos familias en Praderas de San Antonio tuvieron un altercado que concluyó en un pleito. A partir de allí, Ana Laura pasó por un calvario de supuestos abusos por parte del comisionado Castillo, quien aparentemente es familiar de los vecinos de Ana Laura.