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Sugieren llevar a Baloisa a Tribunal de Integridad

Los defensores expresaron que la jueza Marquínez se ha conducido de manera irregular al no traer a los testigos protegidos Riccardo Francolini y Henri Mizrachi

Redacción | nacion.pa@epasa.com | @panamaamerica - Actualizado:

Presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, recomendóa al grupo de abogados que participaron en la audiencia del caso New Business que presenten una queja formal ante el recién creado Tribunal de Integridad y Transparencia.

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La recomendación obedece ante las quejas de presuntas violaciones al debido proceso que argumentan haber ocurrido durante el juicio.

Araúz expresó su acuerdo con los planteamientos de frustración expuestos por los abogados que participaron en el caso, quienes alegan que el proceso fue manejado de manera irregular por la jueza Baloisa Marquínez.

Los defensores señalan que la jueza no hizo comparecer a los testigos protegidos Ricccardo Francolini y Henri Mizrachi Kohen, lo cual violaría el derecho a la contradicción y a la defensa.

Alfredo Vallarino, uno de los abogados afectados, destacó que Araúz les informó que ya se había pronunciado públicamente sobre la necesidad de que los testigos protegidos comparecieran y que los defensores tuvieran la oportunidad de interrogarlos.

El Tribunal de Integridad y Transparencia fue creado mediante la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 y está compuesto por las magistradas Anadina Quiroz Tejeira, Giovanina Sanjur y Damaris Espinosa González.

El magistrado José Luis Alfaro De León es el encargado de llevar a cabo la investigación.

El tribunal tiene la responsabilidad de investigar, juzgar, defender y aplicar las sanciones correspondientes a las faltas cometidas por los servidores judiciales.

En este caso particular, se espera que el tribunal examine las quejas presentadas por los abogados y tome las medidas adecuadas en respuesta a las presuntas violaciones al debido proceso.

La jueza se acogíó al término de 30 días para dictar sentencia.

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