El joven venezolano que puso en evidencia las prácticas inmorales de varios curas de la Iglesia católica pudo haber incurrido varios delitos penalizados con cárcel, explicó el abogado panameño Kevin Moncada.

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Tras la grabación y posterior publicación de una conversación y de un encuentro sexual entre el padre católico Rogelio Topin y el joven migrante, un gran debate se ha generado a raíz de aquel material audiovisual.

Luego de destaparse el escándalo, la Arquidiócesos de Panamá anunció la separación de Rogelio Topin, Orlando Rivera y Karl Madrid por investigaciones a lo interno de la Iglesia católica relacionadas a favores sexuales con el denunciante.

De igual forma, la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público, abrió una carpetilla a partir del 1 de septiembre por el supuesto delito contra la Libertad Sexual en la que se menciona a miembros de la iglesia católica. En ese proceso se menciona a seis clérigos, cuatro panameños y dos extranjeros. Uno de esos foráneos es de nacionalidad venezolana, pero partió hacia Estados Unidos una vez la cúpula de eclecial conoció los hechos. 

Pero, ¿qué pasó con el venezolano que dio a conocer el enredo de la iglesia? Hasta el momento no se conoce de su paradero. Según el portal Clara Mente, el hombre llegó a Panamá en 2015 buscando mejores días. Su esposa y un hijo viven en Venezuela.

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No obstante, sobre la forma premeditada de cómo actuó cuando se citó con el presbítero, lo pone contra las cuerdas ya que podría ser procesado por violación a la intimidad; al menos así lo planteó el jurista Kevin Moncada.

"El artículo 167 del Código Procesal Penal prohibe las grabaciones de forma ilegal, asi que se puede interpretar como delito contra la inviolavilidad del secreto y derecho a la intimidad. Es decir, que tú para poder grabar una conversación, requieres de la orden de un juez, y estoy seguro que él (venezolano) no contaba con ningun permiso judicial", argumentó Kevin Moncada.

A su vez comentó que el venezolano pudo haber incurrido en el delito de proxenetismo agravado tras haberle propuesto tener relaciones sexuales con un menor de edad nicaraguense, hecho que quedó constatado en el video que circula en redes sociales. 

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"A él le gusta, tiene 17 años... 16 años, pero está guapísimo, guapísimo, guapísimo. Vamos a ver si cuando te recuperes hacemos una cita con él mejor", se escucha en el video que publicó Clara Mente.

"La pena de prisión por proxenetismo agravado sería de diez a doce años de prisión, según la legislación actual", expresó Kevin Moncada. Cabe señalar que este panorama ocurriría el Rogelio Topin interpone una denuncia penal contra su amigo venezolano o si el Ministerio Público inicia una investigación de oficio.

Pero la opinión del exfiscal Giovanni Olmos es contaria a la anterior. A su juicio no hay delito en el sentido de que tanto el padre Rogelio Topin como el sujeto venezolano, estuvieron de acuerdo en el encuentro, no hubo presión, extorsión o amenaza.

"Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomuncaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabacipon o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión", artículo 167 del Código Procesal Penal de Panamá.

"Este video que está circulando hace alusión a situaciones como un poco más consensuadas, no veo nada que pueda constituirse en un delito desde la perspectiva de violación... sería grave si hubiése menores de edad involucrados, pero eso no está probado hasta el momento", señaló Giovanni Olmos.

No es la primera vez que la Iglesia católica se ve involucrada en este tipo de escándalos. En mayo de 2002 monseñor Jorge Altafulla fue asesinado por Marco Manjarrez por considerarlo de racista y porque el religioso lo expusló del Seminario Mayor San José. Marco Manjarrez aseguró que en el seminario fue presa de acosos homosexuales de parte de otros compañeros, pero que Jorge Altafulla no tenía nada que ver con esas propuestas.

En 2005 el padre Roberto González Chávez fue llevado a juicio y condenado a 20 años de prisión por el delito de acoso sexual contra tres estudiantes del Instituto Agropecuario Jesús Nazaeno e Atalaya. Los hechos habían ocurrido en 2002 y fueron denunciados de forma anónima.

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