La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró hoy un periodo de sesiones marcado por las críticas de Ecuador y Venezuela, y en el que evaluó unas propuestas para reformarse que, según muchas ONG, buscan limitar su autonomía.
En su 144 periodo de sesiones, la CIDH admitió a trámite por primera vez un caso sobre la prisión de Guantánamo, analizó denuncias sobre miles de cadáveres de emigrantes sin identificar en México y mostró su preocupación sobre la prevalencia del fuero militar en Colombia, entre otros temas.
Sin embargo, la atención durante los días de audiencias públicas que concluyeron el miércoles se centró en la amenaza de Venezuela de "denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos", un requisito previo para abandonar la CIDH, y las amenazas vertidas por el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, a la gestión de la CIDH.
En una audiencia sobre la libertad de expresión en Venezuela el martes, el representante de derechos humanos del país, Germán Saltrón, denunció que el organismo está "totalmente parcializado en contra de Venezuela" y aseguró que mantiene al país "entre la espada y la pared".
Más rotundo fue el canciller Patiño en una intervención el jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde tachó a la CIDH de "ente inquisidor contra los Estados" y le acusó de haber violado la Convención Americana cuando emitió medidas cautelares en el caso del diario ecuatoriano El Universo.
En una conferencia de prensa al cierre del periodo de sesiones, el presidente de turno de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, rechazó hoy rotundamente esas acusaciones, que el propio Patiño expresó a los comisionados en una reunión privada el jueves.
"La Comisión está convencida de que todas y cada una de las decisiones que hemos tomado han estado estrictamente ajustadas al marco jurídico interamericano aplicable", afirmó el comisionado.
Orozco anunció que la CIDH ha aceptado la invitación de Ecuador de visitar el país para evaluar la situación de libertad de expresión e indicó que espera a que ese país "formalice" la propuesta para "fijar la fecha" del viaje.
Con esa visita, Patiño espera que la CIDH "supere la información que reciben de los medios de comunicación" de Ecuador, que, en su opinión, fue lo que guió a la Comisión cuando emitió las medidas cautelares en el caso de El Universo, que fueron retiradas una vez que el presidente Rafael Correa perdonó a los cuatro enjuiciados.
Además de las reuniones privadas, la Comisión mantuvo desde el pasado viernes un total de 41 audiencias públicas, en las que analizó desde el estado de la libertad de expresión en América Latina hasta los derechos de las personas privadas de libertad o la independencia judicial en el continente.
En una de las audiencias, varias ONG denunciaron que en México permanecen sin identificar cerca de 10.000 cadáveres de víctimas de la violencia del crimen organizado, entre ellos emigrantes centroamericanos y mexicanos.
"La CIDH reitera la necesidad de establecer mecanismos efectivos para la determinación de la identidad de las personas migrantes que han sido halladas muertas en México, así como de sancionar a los responsables", indicó hoy el organismo en un comunicado.
México ha mostrado "su disposición a dialogar sobre esa materia con la sociedad civil", y la CIDH, que elabora actualmente un informe sobre la situación de migrantes en México, se ha ofrecido a colaborar en ese proceso, aseguró hoy el comisionado Felipe González.
Además, la comisión escuchó las denuncias de varias ONG de que la propuesta de reforma de la justicia penal militar presentada este mes por el Gobierno colombiano puede dar como resultado un trato desigual de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
"El Sistema Interamericano de Derechos Humanos considera que la aplicación del fuero militar debe ser sumamente restrictivo, y ha expresado en varias ocasiones su preocupación a varios Gobiernos sobre este tema. Colombia está entre esos Gobiernos", dijo hoy el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.
En otra audiencia, más de 700 organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica advirtieron a la CIDH sobre el lenguaje "disfrazado" de las recomendaciones del grupo de trabajo creado por la OEA para reformar el organismo.
Los comisionados evalúan ahora las recomendaciones, aprobadas sin carácter vinculante en el Consejo Permanente de la OEA del 25 de enero, para decidir si las adoptan.
Por último, la CIDH admitió en este periodo a trámite por primera vez una denuncia de violación de derechos en la prisión estadounidense de Guantánamo: el caso de Djamel Ameziane, un argelino presuntamente detenido en la estación naval sin cargos ni juicio durante más de diez años.
