La mayoría parlamentaria absoluta afín al presidente Hugo Chávez, que a partir de enero se reducirá a mayoría simple, aprobó este martes la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre protestas de diputados de la minoría opositora.
Un total de 41 jueces, nueve titulares y 32 suplentes, fueron escogidos en la tercera renovación parcial que se efectúa en la máxima instancia judicial venezolana durante los doce años que lleva el mandato de Chávez.
La próxima renovación de jueces del Supremo se producirá en 2012, cuando Chávez buscará paralelamente una nueva reelección, esta vez para el período presidencial 2013-2019, según lo ha confirmado reiteradamente.
El oficialismo dice que anoche se limitó a nombrar los reemplazos de jueces jubilados, pero la oposición le achaca haber adelantado esa renovación debido a que en las elecciones parlamentarias del pasado septiembre no logró mantener la mayoría absoluta de dos tercios, necesaria para ese tipo de nombramientos.
La alianza opositora, aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), deploró hoy en un comunicado "que se hayan alterado las reglas del Estado de Derecho y del juego democrático para permitir a la actual Asamblea Nacional efectuar las designaciones de magistrados".
La designación de esos 41 jueces "ha debido quedar en manos" de los diputados de la unicameral Asamblea Nacional (AN) que tomarán posesión de sus cargos en enero próximo, reiteró.
En las elecciones de septiembre pasado el oficialismo obtuvo 98 de los 165 escaños de la AN y 65 la oposición, que en los comicios parlamentarios de 2005 se retiró a última hora de la contienda electoral en un infructuoso intento por restarle legitimidad.
La MUD añadió que los 41 elegidos formaron parte de un listado de más de 300 abogados postulados por un comité "que no fue expresión de la pluralidad de la sociedad venezolana y en el cual no hubo suficiente presencia de instituciones consolidadas vinculadas a la actividad jurídica y académica".
En definitiva, insistió la alianza "antichavista", el oficialismo actuó "con el propósito de que la agónica mayoría hegemónica de la AN pudiera cómodamente realizar designaciones no consultadas".
De esta manera, complementó a su vez Cecilia Sosa, ex presidenta del TSJ y destacada jurista antichavista, "será admitida toda orden procedente de Chávez o de Miraflores", el palacio presidencial.
Con lo actuado por los diputados oficialistas, agregó hoy Sosa en declaraciones a los periodistas, el TSJ queda como poder estatal "hecho para coadyuvar al proceso político del presidente Chávez".
Sobre el ex fiscal general Isaías Rodríguez, cuya reciente renuncia a la embajada de Venezuela en España fue atribuida por la oposición a su eventual anhelo de presidir el TSJ, Sosa dijo que finalmente no constó entre los postulantes para no hacer evidente la supuesta afinidad de ese poder del Estado con el Gobierno de Chávez.
Chávez "evitó un escándalo" al no designar a Rodríguez y "tapó la designación de políticos" favorables a su gestión, entre ellos los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Juan Mendoza y Malaquías Gil, y la procuradora general, Gladys Gutiérrez, aseguró Sosa.
