La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró hoy que el rechazo de la Ley de Víctimas por el Legislativo fue una "ocasión perdida" para avanzar en los derechos de los afectados en el conflicto armado.
El pasado jueves el Congreso colombiano "archivó" la Ley de Víctimas, por una petición expresa del Gobierno a la bancada oficialista, después de que el Senado y la Cámara de Representantes lograran conciliar el texto.
En un comunicado, Naciones Unidas recordó que "existen principios y estándares internacionales que una ley de esta naturaleza no puede ignorar".
Entre ellos, "el deber de garantía del Estado, la no discriminación y la consideración de las víctimas por el daño sufrido y no por quien ocasionó ese daño".
Uno de los puntos más controvertidos de la ley rechazada era que las víctimas de terrorismo de Estado solo podrían ser reconocidas mediante una sentencia judicial previa, en contra de los afectados por la violencia de guerrilleros y paramilitares.
La ONU señaló también que los "principios y estándares ya existían en los documentos fundacionales del derecho internacional de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de 1969".
No son, por lo tanto, agrega el comunicado, "nuevas revelaciones o aspiraciones inalcanzables, sino piedras angulares para construir una política centrada en las víctimas".
Aún así, la ONU reconoció que este debate en Colombia "ha contribuido a que las víctimas y sus derechos encuentren un lugar en la agenda pública".
Asimismo, recordó que "la reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico" y subrayó que "es un asunto de justicia".
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos aguarda "una nueva oportunidad para las víctimas" en la que se debe incluir "el programa de reparación administrativa" porque la sociedad colombiana "tiene el derecho a exigir que no se pierda otra ocasión".
Y puntualizó que "seguirá abogando por los derechos de todas las víctimas, consciente de que, como señaló recientemente la Alta Comisionada, Navi Pillay, éste es el único camino para alcanzar la paz y la reconciliación".
