El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, muestra señales de impotencia ante la violencia y el crimen organizado un año después de iniciar la primera gestión de un gobierno de izquierdas desde que este país recuperó la democracia en 1985.
Colom, del socialdemócrata partido Unidad Nacional de la Esperanza, inició su período de cuatro años al frente del gobierno guatemalteco el pasado 14 de enero, con la promesa de combatir la violencia con "inteligencia", y en los primeros cien días de su mandato reducir los alarmantes índices de criminalidad.
Sin embargo, no ha logrado ni por asomo reducir los cerca de 16 asesinatos que a diario ocurren en este país centroamericano, lo cual le ha valido fuertes críticas de parte de la oposición política y de las organizaciones de la sociedad civil.
La violencia, ha dicho el mandatario, es producto de una estrategia previamente planificada por los grupos del crimen organizado que desde hace ocho años se infiltraron en las estructuras de poder del Estado, para debilitarlo y poder delinquir con absoluta impunidad.
La reducción de los miembros del Ejército -de 45.000 efectivos en 1996, a 15.000 en 2007-, así como la infiltración de grupos del crimen organizado en la Policía Nacional Civil (PNC), y el debilitamiento del sistema de justicia, fueron, según Colom, los componentes de esa estrategia.
"Una mano peluda le entregó el país al crimen organizado. Estoy convencido de que fue una situación planificada", aseguró el mandatario a un grupo de alcaldes y líderes sociales del departamento de Sacatepéquez, durante un reciente encuentro en el que le reclamaron por la impotencia de su gobierno para hacer frente a los delincuentes.
Agobiado por las alarmantes estadísticas, que dan cuenta que en el último año se ha incrementado el número de secuestros, extorsiones, robo de vehículos, muerte de mujeres y menores de edad, Colom le ha pedido "paciencia" y "confianza" a los guatemaltecos, y ha asegurado que "cueste lo que cueste" le ganará la guerra al crimen organizado.
Para lograr ese objetivo, el mandatario creó en noviembre el Consejo Nacional de Seguridad, el cual, dijo, "dará coherencia y coordinación a las distintas instituciones que lo integran, y establece una institucionalidad al máximo nivel, el cual será un instrumento para que el Estado enfrente los desafíos que en materia de seguridad se presenten".
El académico Francisco Jiménez, quien desde julio pasado dirige el Ministerio de Gobernación (Interior), sostiene que la lucha contra el poderoso crimen organizado pasa por la reestructuración y depuración de las fuerzas de seguridad, así como el incremento de sus recursos técnicos y financieros, y la profesionalización de sus integrantes.
"Esto es un proceso estratégico que llevará tiempo, pero que estamos seguros que es el camino correcto, y que poco a poco empezará a dar sus resultados", ha declarado Jiménez.
Como prueba de ello, Jiménez, quien tuvo a su cargo hace un año la creación de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), ha expuesto los logros alcanzados por las fuerzas de seguridad en materia de secuestros.
Según las cifras de la PNC, durante noviembre fueron liberadas 20 víctimas de secuestro, capturaron a 26 supuestos secuestradores y diez más murieron al enfrentarse con las fuerzas de seguridad durante los operativos de rescate.
Sin embargo, se incrementaron los asesinatos de trabajadores del servicio de transporte colectivo a manos de grupos de supuestos pandilleros que a diario les exigen el pago de un "impuesto de circulación", a cambio de no matarlos.
En los primeros once meses de 2008, las cifras oficiales reportaban 160 chóferes y ayudantes muertos por estas causas.
Los brutales asesinatos cometidos por grupos de narcotraficantes mexicanos que se han mudado a Guatemala, como consecuencia del éxito que en su combate han tenido las autoridades de ese país, es otro de los focos de violencia que el gobierno no ha logrado controlar.
Fuentes de alto nivel de la agencia antidrogas de la PNC, aseguran que al menos unos 1.500 de los más de 3.950 asesinatos ocurridos en los primeros once meses del año, fueron producto del narcotráfico.
Entre ellos los 16 nicaragüenses y un turista holandés, cuyos cadáveres incinerados fueron hallados a principios de noviembre en una desolada carretera del este del país.
