Las autoridades de la región boliviana de Pando son "responsables" de la masacre ocurrida en septiembre pasado en esa zona, según la comisión creada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para investigar la matanza.
"No tengo la menor duda de que existe responsabilidad de las autoridades. Existe la necesidad de que la Justicia ordinaria de Bolivia investigue a funcionarios, empezando por el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández", dijo hoy a Efe el argentino Rodolfo Mattarollo, coordinador de la "Comisión de la Verdad" que indagó en estos hechos.
El ex prefecto se encuentra detenido en una cárcel de La Paz, acusado por el Gobierno boliviano de provocar la masacre ocurrida el 11 de septiembre en la localidad de Porvenir, en la región amazónica de Pando (norte).
Ese día fueron asesinados 20 campesinos, en su mayoría seguidores del Gobierno de Evo Morales, y más de 70 resultaron heridos.
Así lo determina el informe final de la comisión, que será presentado el próximo martes ante a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, titular pro témpore de la Unasur.
Mattarollo calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y consideró que las autoridades de Pando que están identificadas en el informe deben ser investigadas por la Justicia ordinaria, ya que se han cometido "delitos comunes" que no forman parte "de la función de ningún funcionario público".
De todas formas, el coordinador de la comisión se mostró "consternado" por el estado de la Justicia boliviana "por su incapacidad para investigar, su dependencia de los poderes locales y la actitud de la Corte Suprema, que no es equilibrada".
"Vimos que la Corte tiene una actitud totalmente politizada, militante y beligerante", además de estar "enfrentada al presidente Morales", apuntó Mattarollo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.
Los elementos hallados fueron volcados en el informe de la comisión, que establece "hechos, responsables y recomendaciones" sobre la "masacre" suscitada en Pando, donde -dijo- se encontró "un régimen caudillesco y opresor".
Las recomendaciones "son aplicables en la medida de que exista voluntad política para reformar el sistema judicial, que tiene enormes debilidades", señaló.
La comisión, integrada por nueve miembros pertenecientes a los países que conforman la Unasur, interrogó a 47 testigos de "todos los sectores", ya sean campesinos, facciones de la oposición, de los tres poderes del Estado y al ex prefecto Fernández, entre otros, detalló el coordinador.
También se entrevistaron con los opositores que huyeron a Brasil, muchos de los cuales solicitaron refugio político, y con los confinados en un cuartel en las afueras de la ciudad de El Alto, detenidos debido a la vigencia del estado de sitio en Pando.
El estado de sitio será suspendido el próximo domingo para cumplir con la exigencia de la Corte Electoral boliviana de levantar esa medida, según anunció Morales la semana pasada.
"Quisimos hacer algo sólido de la documentación y la prueba. Hay pericias y numerosas filmaciones que registran los hechos, tomadas por canales de televisión y personas de la zona", dijo Mattarollo, quien destacó, además, que el informe "muestra la celeridad de un organismo no burocratizado".
Bachelet reunió el pasado 15 de septiembre a los mandatarios de Unasur para respaldar a Morales y aprobar la creación de la comisión investigadora de los hechos registrados en medio de un conflicto político en Bolivia.
"Intentamos hacer una contribución en la lucha contra la impunidad. Pero si no se logra que se juzguen estos casos, va a ser muy difícil", agregó Mattarollo.
