El expresidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999), de 88 años, fue absuelto este jueves por un tribunal federal de la acusación que contra él pesaba por supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune.

El actual senador fue desvinculado de los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento" de los que le había imputado la Fiscalía, que había solicitado para él 4 años de prisión, la misma pena que pedían las querellas, encabezadas por organizaciones de la comunidad judía.

"Se hizo justicia, se terminó con una pesadilla y un proceso absurdo", explicó a la prensa el abogado del exmandatario Omar Daer.

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Denuncian irregularidades en la declaración de Menem sobre el atentado AMIA

Menem es condenado por pagos ilegales durante su presidencia

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Algunas reflexiones sobre la sentencia de hoyhttps://t.co/3pwCvP8Bbd pic.twitter.com/NGZdZqQduxMemoria Activa (@MemoriaActiva) 28 de febrero de 2019

Absueltos Menem y Beraja: bajo los mandatos de ambos, uno en el Poder Ejecutivo y otro en la DAIA, se montó una operación encubridora para evitar que se sepa la verdad sobre el atentado , lo que los convierte, de mínima, en responsables políticos del encubrimiento.Memoria Activa (@MemoriaActiva) 28 de febrero de 2019

Dicha operación fue denunciada por los familiares, por legisladores de la Coalición Cívica y por Cimadevilla, quien estaba a cargo de la UnidadAMIA, y por lo tanto, el ministro Garavano debe renunciar y su accionar vergonzoso en defensa de los condenados debe ser investigadoMemoria Activa (@MemoriaActiva) 28 de febrero de 2019

Se probó además, que el pago a Telleldín para que involucre falsamente en la causa a policías bonaerenses, fue ilegal, tal como dijimos las partes acusadoras a excepción de AMIA/DAIA, instituciones que consideraron al pago como legal y defendieron la actuación de exfiscales'

En el juicio quedó probado el pago de $400,000 que la Secretaría de Inteligencia realizó -con autorización de Galeano- al abogado y ex vendedor de vehículos usados Carlos Telleldín -presuntamente vinculado a la camioneta que estalló en la AMIA- para que diera una declaración falsa que involucrara a policías en el atentado.

Memoria Activa (@MemoriaActiva) 28 de febrero de 2019

En esta causa se han juzgado las irregularidades detectadas en el primer juicio del atentado, que comenzó en 2001 y concluyó en 2004 con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías argentinos imputados, a quienes se había acusado de integrar la conocida como "conexión local".

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Si bien la comunidad judía atribuye a ex altos cargos del Gobierno iraní y al grupo chií Hizbulá la planificación del ataque, la falta de colaboración del país persa ha impedido hasta ahora la extradición a Buenos Aires de los sospechosos de cometer el atentado, el mayor perpetrado en suelo argentino.

Con la presencia de Menem y el resto de imputados, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires culminó el juicio por el encubrimiento de ese primer proceso, que ha durado tres años y medio y ha dejado como resultado cinco absoluciones y ocho condenas -con expolicías, exfiscales y exespías en la lista-, de entre dos y seis años de prisión.

La más dura fue para el exjuez Juan José Galeano, quien se encargó de la primera etapa de la investigación del atentado, por resultar culpable de peculado (malversación de fondos), prevaricación, privación ilegal de libertad y encubrimiento por favorecimiento personal y violación de pruebas.

Por su parte, el exsecretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy fue sentenciado a cuatro años y seis meses por peculado y encubrimiento.

En el juicio quedó probado el pago de $400,000 que la Secretaría de Inteligencia realizó -con autorización de Galeano- al abogado y ex vendedor de vehículos usados Carlos Telleldín -
presuntamente vinculado a la camioneta que estalló en la AMIA- para que diera una declaración falsa que involucrara a policías en el atentado.

Telleldín fue condenado a tres años y 6 meses de prisión por malversación de fondos. También deberá devolver los $400,000.

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Durante la lectura de la sentencia, el tribunal calificó los hechos juzgados como "graves violaciones de los derechos humanos".

La presunta responsabilidad de Menem se planteó en el juicio por el supuesto abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien aparentemente tenía vínculos con la familia Menem.

"Tenemos acreditado que la familia presidencial (de Menem) le hacía favores a la familia Kanoore Edul", había sostenido uno de los fiscales.

Para el Ministerio Público, "Carlos Saúl Menem determinó a Juan José Galeano, a través de su hermano Munir Menem (hoy fallecido), abandonar la investigación sobre Kanoore Edul". Sin embargo, el abogado del expresidente recalcó que eso "jamás existió".

"Menem no tuvo participación. Colaboró con la justicia, invitó a organismos de inteligencia extranjeros para colaborar en la investigación. Los primeros que llegaron fueron la Mossad (Israel), el MI5 (Reino Unido), el FBI (Estados Unidos)...", afirmó Daer.

La organización Memoria Activa, querellante, anunció que apelará las absoluciones.

"Fueron penas mucho más bajas de las que pedimos las querellas y de las que merecen los imputados. De todas maneras, se probó el peculado, el encubrimiento y la privación ilegítima de la libertad de los policías bonaerenses, tal como venimos denunciando hace años", señaló en Twitter.

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Por su parte, AMIA y DAIA, las otras querellantes, consideraron que no se ha producido "prueba determinante" que sostenga que a Telleldín se le pagó para mentir ni que los expolicías fueran involucrados en la causa "a sabiendas de su inocencia".

Ya en octubre pasado, Menem, que no puede ser detenido por tener fueros parlamentarios, fue absuelto por una cámara de casación del delito de contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, por el que había sido condenado previamente a siete años de prisión.

Sin embargo, sigue vigente su sentencia a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos durante su Gobierno, aunque está recurrida ante la Corte Suprema.

En los últimos 25 años, la investigación por el atentado ha sufrido multitud de idas y vueltas que han marcado al país.

El último capítulo: la muerte del fiscal Alberto Nisman, que tenía a su cargo la investigación del caso AMIA y pocos días antes de ser hallado con un tiro en la cabeza, en enero de 2015, había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por otro presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos.