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Autoridades salvadoreñas allanan las empresas del expresidente Tony Saca

El exmandatario y los otros seis implicados fueron llevados al juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, donde escucharon los delitos que se les imputan. La jueza Nelly Pozas determinó que la audiencia inicial se realice el jueves.

El Salvador/AP - Actualizado:

Autoridades salvadoreñas allanan las empresas del expresidente Tony Saca

Agentes salvadoreños allanaron varias empresas del expresidente Tony Saca en busca de nuevas evidencias en su contra como parte de una pesquisa por corrupción durante su mandato. Los investigadores entraron en tres empresas del exmandatario y obtuvieron documentación que comenzarán a analizar, informó Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. "Hemos encontrado habitaciones completas con evidencia documental", aseguró. Detenido el fin de semana, Saca, de 51 años, está acusado de desviar al menos 246 millones de dólares provenientes de fondos públicos durante su mandato (2004-2009). Las autoridades sostienen que parte del dinero fue a parar a sus empresas. El exmandatario y los otros seis implicados fueron llevados al juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, donde escucharon los delitos que se les imputan. La jueza Nelly Pozas determinó que la audiencia inicial se realice el jueves. Saca, que vestía una camisa blanca, pasó de largo y no brindó declaraciones a los periodistas, pero uno de sus abogados, Mario Machado, dijo que "se encuentra bien". Serio y con una barba incipiente, el expresidente escuchó en silencio la lectura del requerimiento fiscal. Los fiscales le presentaron al tribunal de justicia 25 cajas con evidencia documental recopilada en una investigación que dijeron sigue abierta. Saca y seis funcionarios de su gobierno serán procesados por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Tres de los detenidos ocupaban puestos relacionados con las finanzas de la Casa Presidencial desde el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994). Según las investigaciones de la Fiscalía, de los $246 millones desviados, unos $116 millones fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de la Casa Presidencial y luego transferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca. Junto con él fueron arrestados César Funes, quien se desempeñó como secretario de Juventud, y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Otros detenidos son Francisco Rodriguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de Casa Presidencial; Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma institución; y Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia. Charlaix, secretario privado de Saca durante su mandato, se presentó voluntariamente ante la policía para responder a las acusaciones. Saca es el tercer exmandatario salvadoreño procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o desvío de recursos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo domiciliario, y Mauricio Funes (2009-2014), el cual está asilado en Nicaragua. La Fiscalía también allanó negocios de Herbert Saca, primo del expresidente, para obtener información sobre la venta de vehículos de lujo a funcionarios del gobierno de Saca. El fiscal Andrés Amaya, que dirige la Unidad Anticorrupción, explicó que las indagaciones apuntan a que se vendieron autos de lujo al ex presidente Mauricio Funes; al exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, y al mismo Saca. La Fiscalía sospecha irregularidades en estas ventas. Los fiscales ordenaron congelar propiedades y cuentas bancarias de Saca, así como del resto de los implicados y sus allegados. De ser encontrado culpable de los tres delitos que se le imputan, el exmandatario podría ser sentenciado a un máximo de 32 años de prisión. Saca también enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía lo acusa de incrementar en 3,9 millones de dólares su patrimonio cuando fungió como mandatario, mientras que su esposa Ana Ligia Mixco enfrenta una denuncia de no justificar el origen de más de 589 mil dólares. 
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