El gobierno peruano promulgó ayer la primera norma de un paquete de leyes antiterroristas que permite a los condenados a cadena perpetua pedir la revisión de su sentencia transcurridos 35 años de su pena.
En virtud de las facultades legislativas obtenidas por el Ejecutivo, de forma extraordinaria, el gobierno publicó ayer en la Gaceta Oficial el decreto legislativo 921 que establece que "la cadena perpetua será revisada cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad".
Sin embargo, la modificación no beneficiará al fundador de "Sendero Luminoso", Abimael Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en 1992, porque debería esperar al 2027 para pedir la revisión cuando tenga 100 años de edad.
El Tribunal Constitucional declaró hace unas semanas que la cadena perpetua y el delito de traición a la patria, aplicada a cabecillas terroristas, son inconstitucionales y recomendó la modificación de la legislación antiterrorista.
En ese sentido, el gobierno del presidente peruano, Alejandro Toledo, insistió en que la condena a perpetuidad seguirá siendo vigente, pero con la posibilidad de una revisión al cumplir un periodo en prisión.
222 Un alto tribunal declaró inconstitucionales varios decretos contra el terrorismo dictados en los años 90 por el gobierno de Fujimori.
De acuerdo con el decreto promulgado ayer, el órgano jurisdiccional que impuso la condena tendrá un plazo de 15 días para organizar el expediente y ordenar los exámenes físicos, mentales y otros que considere pertinentes para comprobar la rehabilitación del sentenciado.
La audiencia privada para la revisión de sentencia se iniciará 10 días después y la resolución de mantener la condena o la excarcelación se dictará en un máximo de tres días.
En el caso de que el órgano jurisdiccional decida mantener la cadena perpetua se podrá pedir una nueva revisión al año siguiente, precisó el artículo referido al procedimiento. Asimismo, el decreto añadió que en caso de reincidencia, de condenados que fueron excarcelados, la pena máxima será nuevamente la cadena perpetua.
El gobierno peruano convocó a los partidos políticos y organizaciones civiles que participan en el Acuerdo Nacional para elaborar por consenso la nueva legislación antiterrorista como una política de Estado.
