La Policía Nacional de Paraguay confirmó la noche de este viernes que el expresidente Santiago Peña se encuentra oficialmente bajo arresto domiciliario, horas después de haber sido destituido de su cargo por el Senado mediante un juicio político, en el marco del escándalo financiero que rodea la intervención de Ueno Bank.
La medida preventiva se hizo efectiva en la residencia del exmandatario en Asunción, tras la emisión de los mandamientos judiciales tramitados por el Ministerio Público:
"Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se le puso en conocimiento de que va a quedar arrestado en su domicilio", confirmó a los medios un oficial policial desplegado en el perímetro.
El auto de arresto dispone la custodia permanente hasta que Peña sea puesto a disposición de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía paraguaya.
La fiscal Silvia González constató la presencia de Peña en el inmueble y su disposición a cumplir con el mandato judicial.
La orden de aprehensión abarca también a Carlos Carvallo Spalding, quien ejerció como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) hasta su dimisión este martes a causa de las irregularidades detectadas en la entidad bancaria.
Orígenes de la crisis financiera y descontento social
La crisis política e institucional se detonó luego de que el BCP ordenara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad que contaba con 2.94 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes. Durante la administración de Peña, la institución bancaria recibió transferencias multimillonarias procedentes de fondos e instituciones públicas.
La intervención generó alarma generalizada entre miles de ahorristas y jubilados:
Unos 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de previsión social del país, denunciaron el bloqueo de sus cuentas y la falta de acceso a sus fondos de retiro.
Decenas de manifestantes se concentraron en las afueras de la residencia del expresidente exigiendo su traslado a un centro penitenciario. "Exigimos que vaya a la cárcel; mantendremos una vigilia para evitar que se fugue", declaró la manifestante Andrea Salazar.
Agentes policiales mantienen acordonada la residencia mientras la Fiscalía prepara el pliego de imputaciones formales.
