La crisis bancaria que enfrenta Paraguay y la renuncia anunciada por el presidente Santiago Peña han puesto en evidencia las debilidades institucionales y de gobernanza del país, según un análisis de la calificadora Moody’s Ratings, que advierte sobre los riesgos que podría generar una prolongada incertidumbre política.
En un informe fechado el 6 de noviembre de 2026, Moody’s señaló que la decisión de Peña, anunciada el 5 de noviembre, se produjo en medio de protestas ciudadanas y la pérdida de respaldo político del gobernante Partido Colorado, tras la quiebra de Ueno Bank.
Sin embargo, el Congreso rechazó la renuncia e inició un juicio político contra el mandatario por sus vínculos personales con la entidad bancaria. La situación ha abierto un escenario de incertidumbre política en el país sudamericano.
Pese a este panorama, Moody’s considera que los acontecimientos no tendrán un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay, que mantiene una calificación Baa3 con perspectiva estable, respaldada por un crecimiento económico sólido y una deuda pública relativamente baja, cercana al 38% del producto interno bruto (PIB).
La calificadora también advirtió que la quiebra de Ueno Bank representa un elemento negativo para el sistema financiero paraguayo y evidencia deficiencias en materia de supervisión y gobernanza. A septiembre de 2026, la entidad concentraba el 8% de los créditos y el 9% de los depósitos del sistema bancario.
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el 3 de noviembre que sometió a Ueno Bank a un proceso de resolución, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo regulatorio, tras los ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
En cuanto a los posibles efectos fiscales, Moody’s indicó que el Gobierno enfrenta un pasivo contingente por la quiebra bancaria, aunque los costos directos podrían limitarse al eventual apoyo de liquidez del Banco Central al fondo de garantía de depósitos. Según el informe, alrededor del 97% de los depositantes estaría totalmente cubierto por este mecanismo.
A septiembre de 2026, el fondo de garantía contaba con una liquidez de 1,600 millones de dólares, equivalente aproximadamente al doble de los depósitos asegurados de Ueno Bank. No obstante, Moody’s advirtió que podrían surgir costos para el Estado si las entidades públicas registran pérdidas sobre los saldos no recuperados o requieren respaldo presupuestario.
El análisis también puso el foco en los problemas institucionales de Paraguay, particularmente en el control de la corrupción, la efectividad gubernamental y el Estado de derecho. La calificadora señaló que los indicadores internacionales de gobernanza del país se ubican sistemáticamente en el percentil 25 o por debajo de este entre los gobiernos que evalúa.
Sobre la sucesión presidencial, Moody’s explicó que el vicepresidente Pedro Alliana es el siguiente en la línea constitucional y se espera que complete el actual periodo presidencial, que termina en agosto de 2028. La firma considera probable que se mantenga el actual marco de política económica, basado en la disciplina fiscal y la independencia del Banco Central.
Finalmente, Moody’s señaló que espera una transición ordenada que permita mantener la continuidad de las políticas económicas y resolver la situación bancaria. Sin embargo, advirtió que una incertidumbre política prolongada y un deterioro de la confianza de los inversionistas podrían afectar el desempeño económico y fiscal de Paraguay.
