'Ciudades santuario' en EE.UU. temen demandas

El término "ciudad santuario" se ha vuelto un grito de guerra para los republicanos conservadores que buscan que las leyes de inmigración de Estados Unidos sean más severas. Etiquetan a esas ciudades y condados como refugios para quienes residen ilegalmente en el país, protegidos de las autoridades de inmigración.

La realidad detrás de estas ciudades es variada. Aunque algunas de esas autoridades locales buscan activamente esquivar las políticas federales de inmigración, otras se niegan a hacerlas cumplir no por alguna obligación moral hacia los inmigrantes, sino porque simplemente tienen miedo a ser demandadas.

El debate sobre cómo debe lidiar el Gobierno federal con las autoridades locales que no cooperan con las autoridades de inmigración alcanzó un punto febril desde el 1 de julio, cuando Kathryn Steinle fue asesinada a disparos en un muelle de San Francisco, aparentemente por un inmigrante que fue liberado de la cárcel, a pesar de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) buscaba deportarlo por sexta vez.

El jueves, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley que busca castigar a aquellas ciudades que se niegan a compartir información con las autoridades federales de inmigración, una iniciativa que la Casa Blanca amenazó con vetar. Aunque el proyecto de ley no aborda específicamente el tema de la liberación de inmigrantes buscados por las autoridades federales para su deportación, los republicanos están promoviendo otra iniciativa de ley para hacerlo.

La votación se produjo después que el precandidato presidencial republicano Donald Trump atacó la inmigración ilegal en actos de campaña interna.

Mientras la ciudad de San Francisco, que es notablemente liberal, se ha declarado abiertamente como refugio para todos los inmigrantes independientemente de su situación jurídica, otras ciudades y condados que han dejado de detener inmigrantes para entregarlos al ICE son políticamente conservadores y no buscan proteger activamente a esos residentes de la deportación.

El verano pasado, la ciudad de Huntington Beach, California, que es predominantemente blanca y republicana, dejó de cumplir las solicitudes de detención provisional por razones puramente legales.

Un fallo de una corte federal en Oregon dijo que las llamadas órdenes de detención de inmigrantes -que piden a policías locales que detengan a inmigrantes sospechosos de vivir ilegalmente en Estados Unidos durante un máximo de 48 horas- no eran razón suficiente para mantener encarcelado a alguien.

"No tenemos ninguna política ni nada que prohíba a nuestros agentes interactuar con el ICE. Simplemente seguimos la ley", dijo el jefe de Policía Robert Handy. Añadió que sus policías no suelen preguntarles a los residentes sobre su estatus migratorio porque eso no tiene relación con sus casos, no porque estén protegiendo a alguien. "Si ellos nos traen una orden, los detendremos en nuestra cárcel. Si nos piden ayudar para una orden de cateo en una casa donde hay drogas, vamos a ayudarlos", agregó.