La muerte de 52 personas en los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres fue inevitable y no hubo negligencia oficial que propiciara o agravara la acción terrorista más grave sufrida nunca por el Reino Unido en su territorio.
Esta es la principal conclusión de la investigación que durante cinco meses ha dirigido la jueza de instrucción Heather Hallet, que dio a conocer también una serie de recomendaciones para prevenir y afrontar en el futuro con mayor eficacia las acciones terroristas.
La magistrada leyó sus conclusiones ante supervivientes y familiares de las víctimas y declaró que las pruebas “no justifican concluir que hubo fallos por parte de alguna organización o individuo que causaran o contribuyeran a las muertes”.
Hallet manifestó que los fallecidos fueron víctimas de “unlawful killing” (homicidio doloso), cuyos autores fueron Mohammed Sidique Khan, Shehzad Tanweer, Hasib Hussain y Jermaine Lindsay, en unos atentados suicidas que tuvieron como escenario tres líneas de metro y un autobús urbano.
Los supervivientes y familiares de las víctimas denunciaron que los protocolos existentes en aquel momento obstaculizaron la llegada de los servicios médicos y los bomberos hasta el lugar de las explosiones, y hubo una deficiente comunicación entre ellos y los servicios de inteligencia pudieron evitarla masacre.
