Disidentes cubanos denuncian 330 arrestos políticos

La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció hoy 330 detenciones por motivos políticos en abril pasado y dijo que no espera mejoras en la situación de los derechos civiles y políticos en la isla con el relevo en la presidencia de Raúl Castro. Asimismo refiere que verificó 66 casos de hostigamiento por parte de la policía política, una modalidad que a su juicio tiene como objetivo el "desgaste" de los opositores pacíficos y de sus familiares y amigos al "mantener una atmósfera de intimidación en su entorno". También registró la prohibición de salida del país de varios disidentes, entre ellos Dulce María Durán, Roseling Peñalver y Wendis Castillo, quienes no pudieron asistir al Foro Paralelo de la Sociedad Civil durante la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Lima en abril pasado.  "Esta situación represiva seguirá prevaleciendo bajo el tardocastrismo, a menos que ocurra un milagro", sostiene la CCDHRN. Considera además que "no existen factores al interior de la sociedad cubana o desde el contexto internacional que puedan influir, de manera efectiva, para que el régimen acepte la necesidad de reformas democráticas y respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos". "No existen motivos para esperar mejoras en la situación de derechos civiles y políticos a raíz de los recientes cambios de nombres en las estructuras del poder formal en Cuba, mientras que todas las riendas del poder real siguen en manos del General Raúl Castro", añade el informe de la Comisión. El pasado 19 de abril, Miguel Díaz-Canel fue designado como el nuevo presidente de Cuba en una histórica sesión del Parlamento unicameral cubano, donde Raúl Castro dejó el cargo que había desempeñado desde 2006, aunque se mantendrá como líder del Partido Comunista hasta el año 2021. El Gobierno cubano no reconoce a la disidencia interna al considerarlos "contrarrevolucionarios" o "mercenarios" al servicio de intereses extranjeros, niega que en las cárceles de la isla existan presos políticos y sostiene que se trata de delincuentes comunes.