La organización terrorista ETA declaró ayer un alto el fuego permanente y verificable, desestimado por el Gobierno español y por la mayoría de las fuerzas políticas que lo ven insuficiente al no implicar el fin definitivo e irreversible de la violencia de la banda armada.
En un comunicado grabado en video, en el que aparecen tres encapuchados, difundido por el diario vasco Gara, ETA asegura que el alto el fuego “permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional”, es su compromiso firme “con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada”.
El Ejecutivo español, según la valoración realizada por el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ve ninguna novedad destacada en el anuncio de la banda armada, que en su búsqueda de la independencia del País Vasco ha causado la muerte de más de 850 personas en los últimos 50 años.
“No es una mala noticia, pero no es la noticia”, porque “no es el final, no es lo que la sociedad española espera”, dijo Rubalcaba en una breve comparecencia, dos horas después del anuncio.
Por el contrario, el Ejecutivo ve en el comunicado la misma ETA, “con las mismas pretensiones que siempre, con una visión distorsionada de la realidad, con un catálogo de reivindicaciones que no abandona y con la misma arrogancia y el mismo lenguaje y la misma escenografía”.
“Es evidente que ETA quiere mantener su posición de tutela, de garante de una supuesta negociación y sigue pretendiendo que el fin de la violencia tenga precio”, afirmó el vicepresidente y ministro del Interior.
No obstante, se declaró “más tranquilo que ayer”, aunque advirtió que “no es el fin” esperado.
En una línea similar se pronunciaron los principales partidos españoles, que ven insuficiente y decepcionante la nueva proclamación de alto el fuego de ETA, ya que no renuncia definitivamente a la violencia ni anuncia su disolución.
Algunos políticos y analistas ven en el anuncio un paso oportunista en un momento de debilidad de la banda, que en el último año ha sufrido numerosas detenciones de dirigentes y activistas y que lleva 17 meses sin cometer un atentado en España.
