Exmandatarios pagan por sus crímenes y corrupción
Publicado 2013/07/03 15:08:00
La mayoría de los jefes de estado con casos pendientes con la justicia trataron de evitar pisar los tribunales y el largo brazo de la ley los alcanzó. Hubo exdictadores como Augusto Pinochet que murieron sin recibir una condena, y otros como Rafael Videla que fallecieron pagando sus culpas.
Melitza E. Solano C.
melitza.solano@epasa.com
En los últimos meses, dos mandatarios y dos exdictadores que habían evadido con toda clase de argucias legales la justicia, se enfrentaron al pasado y fueron alcanzados por el largo brazo de la ley.
Nos referimos a Alfonso Portillo, Efraín Ríos Montt, Jorge Videla y Carlos Saúl Menem.
Este último fue condenado a siete años de prisión por un delito de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, del que había sido absuelto hace dos años por un tribunal de primera instancia, cuyo fallo fue revocado.
Por otro lado, Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de guerra, actualmente cumple arresto domiciliario, mientras espera un nuevo juicio en abril de 2014.
En estos últimos casos se aplica el refrán “la justicia tarda, pero llega”. A ellos les llegó porque, a pesar de los años que tenían de haber abandonado el poder, se les pudieron probar delitos como el enriquecimiento indebido, fraude, contrabando de armas y genocidio.
Pero aún hay casos que se mantienen en diversas listas, y abiertos porque no han podido ser probados los delitos en materia de corrupción de los ciudadanos que en un momento dirigieron los destinos de sus países como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Abdalá Bucarán, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, León Febres Cordero, Lucio Gutiérrez y Jorge Serrano Elías.
Este panorama plantea algunas interrogantes. ¿Qué lleva a estos ciudadanos a volverse contra el electorado y robarles su patrimonio y avasallarlos con medidas de terror? ¿Dónde se pierde la figura que promete prosperidad y cambios para todos?
Según el analista y abogado peruano, Ricardo Elías, esto se debe más que nada a que debemos recordar que durante fines de los 80 e inicios de los 90, América Latina pasó de ser dirigida por dictaduras militares a Gobiernos incipientemente democráticos.
Esto ha ocasionado, lamentablemente, que no contemos con partidos políticos institucionalizados que se protejan y autorregulen para prevenir actos de corrupción. Todo lo contrario, estamos rodeados de líderes caudillistas cuyos partidos políticos mueren junto a los escándalos que diluyen sus gobiernos.
Por otro lado, Elías precisó que existen dos problemas con aquellos que se lanzan a puestos de elección popular en nuestra región que son percibidos como los principales detractores del crecimiento social: la inseguridad ciudadana y la corrupción.
Manifestó que en tal sentido, es lógico que los candidatos (a nivel local, regional y presidencial) utilicen estos dos tópicos para ganar los votos de la población.
Sin embargo, con cada elección y gobierno que pasa, la percepción de la ciudadanía es que son promesas que nunca se cumplirán.
El problema radica en que la lucha contra la corrupción no es solo una tarea del Gobierno central o de todos los actores sociales (sector privado y sociedad civil), sino que es imprescindible fortalecer y agilizar las investigaciones judiciales, pues no es posible que existan “procesos” o “causas” que duren tantos años (e incluso, décadas) que posibilitan que los actos de corrupción prescriban y sus autores queden impunes.
Grado de corrupción
Al ser consultado sobre los niveles de corrupción en el mundo, el analista Elías destaca que las mediciones ponen en una mayor evidencia a los países asiáticos y africanos, y luego a la lista ingresa la región latinoamericana.
En esa lista, más que nada, figuran los países de Suramérica, y en primera línea, en grado de corrupción, están Ecuador y Venezuela; ello se debe más que nada a la presencia de petróleo en sus territorios, sentenció Elías.
A esta situación, también se le suman las escasas medidas de transparencia que impiden conocer las ganancias de los gobiernos y las compañías que invierten en la exportación e importación del petróleo, que posibilitan grandes actos de corrupción al interior de los mismos.
Situación de Panamá
Al analizar el tema sobre Panamá, el experto en el tema precisa que la realidad panameña es muy similar a la peruana.
De acuerdo con la Asociación de Transparencia Internacional, Perú y Panamá se ubican casi a la mitad de la tabla de los países percibidos como los más corruptos en el mundo e, incluso, comparten la misma posición: puesto 83 de 176 países evaluados.
Esta cifra es alarmante, ya que en estos últimos 10 años, ambos países no han reportado ningún avance significativo en la lucha contra la corrupción.
“Desde mi punto de vista, para luchar contra la corrupción necesitamos un sistema de acceso a la información pública que permita a cualquier ciudadano conocer todo aspecto relacionado con las contrataciones y adquisiciones efectuadas por el Estado; fortalecer el sistema de administración de justicia para agilizar e impedir que los procesos por corrupción prescriban; y fortalecer las normas contra el lavado de activos, pues después de cometerse actos de corrupción, el dinero es “blanqueado” para evitar que las autoridades descubran su ilícito origen.
melitza.solano@epasa.com
En los últimos meses, dos mandatarios y dos exdictadores que habían evadido con toda clase de argucias legales la justicia, se enfrentaron al pasado y fueron alcanzados por el largo brazo de la ley.
Nos referimos a Alfonso Portillo, Efraín Ríos Montt, Jorge Videla y Carlos Saúl Menem.
Este último fue condenado a siete años de prisión por un delito de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, del que había sido absuelto hace dos años por un tribunal de primera instancia, cuyo fallo fue revocado.
Por otro lado, Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de guerra, actualmente cumple arresto domiciliario, mientras espera un nuevo juicio en abril de 2014.
En estos últimos casos se aplica el refrán “la justicia tarda, pero llega”. A ellos les llegó porque, a pesar de los años que tenían de haber abandonado el poder, se les pudieron probar delitos como el enriquecimiento indebido, fraude, contrabando de armas y genocidio.
Pero aún hay casos que se mantienen en diversas listas, y abiertos porque no han podido ser probados los delitos en materia de corrupción de los ciudadanos que en un momento dirigieron los destinos de sus países como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Abdalá Bucarán, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, León Febres Cordero, Lucio Gutiérrez y Jorge Serrano Elías.
Este panorama plantea algunas interrogantes. ¿Qué lleva a estos ciudadanos a volverse contra el electorado y robarles su patrimonio y avasallarlos con medidas de terror? ¿Dónde se pierde la figura que promete prosperidad y cambios para todos?
Según el analista y abogado peruano, Ricardo Elías, esto se debe más que nada a que debemos recordar que durante fines de los 80 e inicios de los 90, América Latina pasó de ser dirigida por dictaduras militares a Gobiernos incipientemente democráticos.
Esto ha ocasionado, lamentablemente, que no contemos con partidos políticos institucionalizados que se protejan y autorregulen para prevenir actos de corrupción. Todo lo contrario, estamos rodeados de líderes caudillistas cuyos partidos políticos mueren junto a los escándalos que diluyen sus gobiernos.
Por otro lado, Elías precisó que existen dos problemas con aquellos que se lanzan a puestos de elección popular en nuestra región que son percibidos como los principales detractores del crecimiento social: la inseguridad ciudadana y la corrupción.
Manifestó que en tal sentido, es lógico que los candidatos (a nivel local, regional y presidencial) utilicen estos dos tópicos para ganar los votos de la población.
Sin embargo, con cada elección y gobierno que pasa, la percepción de la ciudadanía es que son promesas que nunca se cumplirán.
El problema radica en que la lucha contra la corrupción no es solo una tarea del Gobierno central o de todos los actores sociales (sector privado y sociedad civil), sino que es imprescindible fortalecer y agilizar las investigaciones judiciales, pues no es posible que existan “procesos” o “causas” que duren tantos años (e incluso, décadas) que posibilitan que los actos de corrupción prescriban y sus autores queden impunes.
Grado de corrupción
Al ser consultado sobre los niveles de corrupción en el mundo, el analista Elías destaca que las mediciones ponen en una mayor evidencia a los países asiáticos y africanos, y luego a la lista ingresa la región latinoamericana.
En esa lista, más que nada, figuran los países de Suramérica, y en primera línea, en grado de corrupción, están Ecuador y Venezuela; ello se debe más que nada a la presencia de petróleo en sus territorios, sentenció Elías.
A esta situación, también se le suman las escasas medidas de transparencia que impiden conocer las ganancias de los gobiernos y las compañías que invierten en la exportación e importación del petróleo, que posibilitan grandes actos de corrupción al interior de los mismos.
Situación de Panamá
Al analizar el tema sobre Panamá, el experto en el tema precisa que la realidad panameña es muy similar a la peruana.
De acuerdo con la Asociación de Transparencia Internacional, Perú y Panamá se ubican casi a la mitad de la tabla de los países percibidos como los más corruptos en el mundo e, incluso, comparten la misma posición: puesto 83 de 176 países evaluados.
Esta cifra es alarmante, ya que en estos últimos 10 años, ambos países no han reportado ningún avance significativo en la lucha contra la corrupción.
“Desde mi punto de vista, para luchar contra la corrupción necesitamos un sistema de acceso a la información pública que permita a cualquier ciudadano conocer todo aspecto relacionado con las contrataciones y adquisiciones efectuadas por el Estado; fortalecer el sistema de administración de justicia para agilizar e impedir que los procesos por corrupción prescriban; y fortalecer las normas contra el lavado de activos, pues después de cometerse actos de corrupción, el dinero es “blanqueado” para evitar que las autoridades descubran su ilícito origen.
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