Doce comerciantes libaneses que habían sido sospechados de financiar organizaciones terroristas islámicas enfrentan su inminente expulsión de Chile donde las autoridades hasta el momento no comprobaron esos vínculos, informaron ayer fuentes judiciales.
La sección de Extranjería de la Gobernación Provincial de Iquique, 1,460 km al norte de Santiago, donde vivían los libaneses, les dio 15 días de plazo para abandonar el país, según señaló su abogado defensor, Ricardo de la Barra.
Las autoridades consideraron que la presencia en esa ciudad del grupo de extranjeros "no era útil ni conveniente", explicó el jurista, aunque adelantó que apelará la decisión ante la Corte Suprema.
Otras fuentes del foro que pidieron reserva de su identidad vincularon la expulsión con las investigaciones que realizó el juez Jaime Chamorro, sobre la presencia en Iquique de comerciantes árabes presuntamente conectados con organizaciones terroristas.
La denuncia fue remitida a las autoridades chilenas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, a fines de 2001, después de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y a las instalaciones del Pentágono, en Washington.
La gobernadora de Iquique, Patricia Román, descartó sin embargo esta relación, porque la investigación judicial no llegó a conclusiones concretas, y afirmó que el problema de los libaneses es de tipo "administrativo".
Los libaneses, importadores de ropa usada, desarrollaban sus actividades comerciales en la Zona Franca de Iquique, donde en marzo pasado la Policía allanó una decena de empresas de su propiedad, por orden del juez Chamorro, para establecer un eventual blanqueo de dinero destinado a financiar a la red terrorista Al Qaeda.
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