Familiares despiden a víctimas de matanza en Colombia con pedidos de justicia

Con el clamor de justicia y que no haya más asesinatos, familiares y amigos despidieron este martes en Popayán (suroeste) a tres de las seis víctimas de la masacre del viernes en El Tambo, en el convulso departamento colombiano del Cauca.

"Que se haga justicia, que eso no quede impune", dijo a Efe Lucila Huila, quien perdió en la matanza a sus hijos Heiner y Esneider Collazos, de 25 y 23 años, respectivamente. Además de los hermanos Collazos, las balas acabaron con la vida de Cristian David Millán, Jaime Muñoz Campo, Yulber Edilson Flor Muñoz y Nicolás Orlando Hurtado.

Los seis hacen parte de las 37 personas asesinadas en siete masacres ocurridas en las dos últimas semanas en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca, Valle del Cauca y Antioquia. La acongojada madre de los hermanos Collazos aseguró que sus hijos eran ebanistas en un taller en donde fabricaban camas y que eran muchachos preocupados por ayudarla.

"Más que todo ellos eran los que trabajaban y me ayudaban mucho para lo de la comida", aseguró Huila, de 53 años y quien tiene una pequeña tienda en Popayán, la capital del departamento del Cauca, en donde hoy fueron sepultadas tres de las víctimas.

Otros dos jóvenes fueron sepultados en el caserío de Uribe, lugar en donde ocurrió la masacre, y otro en Timbío, también en el Cauca. Al sepelio la gente llevó globos blancos y carteles en los que pedían "Paz" y "No más muertes en el Cauca".

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus mucha gente que acompañó el velatorio y el sepelio tuvo que quedarse a las puertas del cementerio Los Laureles, al que sólo se permitió el ingreso de máximo diez familiares por cada difunto.

La indefensión de las víctimas de las recientes masacres en Colombia, que dejaron 37 muertos, entre ellos varios menores, alerta sobre el creciente poder de los grupos criminales y la incapacidad del Gobierno para proteger a la población en las zonas más apartadas dominadas por el narcotráfico.

La sensación de indefensión es la misma de las demás familias de los asesinados en siete masacres perpetradas en las dos últimas semanas y que, según el Gobierno y analistas, todo apunta a que fueron cometidas por bandas de narcotraficantes para sembrar el terror en zonas alejadas en las que tienen su negocio criminal.

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"Las zonas donde ocurren las masacres, no solamente en Nariño sino también en el Cauca y Arauca, son zonas neurálgicas para actividades criminales relacionadas tanto con el narcotráfico como con la minería (ilegal)", dijo a Efe la investigadora Irene Cabrera, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Cabrera, experta en seguridad y conflicto armado, señaló que algunos lugares de las recientes matanzas, como la localidad de Samaniego, en el departamento de Nariño, donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho jóvenes que hacían un asado en una casa de campo, están en zonas codiciadas por narcotraficantes, lo que expone a sus habitantes a la violencia indiscriminada.

"Zonas como Samaniego son un punto neurálgico porque constituyen tanto un corredor en términos de la conexión del Piedemonte y el Pacífico, pero también es un punto muy importante catalogado por Naciones Unidas como un enclave de consolidación de producción de coca", afirmó.

Esa ubicación estratégica hace que en amplias zonas de Nariño y el Cauca, ambas en el suroeste y con costas sobre el océano Pacífico; Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, o la región antioqueña de Urabá, limítrofe con Panamá y con salida al mar Caribe, proliferen bandas de narcotraficantes en disputas con disidentes de las FARC e incluso con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Organizaciones armadas como los frentes Estiven González y Oliver Sinisterra, o las Guerrillas Unidas del Pacífico, formadas por disidentes de las FARC, han ocupado espacios en esa región del país en abierta disputa con la banda criminal del Clan del Golfo e incluso con el ELN.

Según la experta, los grupos armados recurren "a la intimidación para asegurar justamente su control" territorial y mantener a las comunidades con miedo, y asesinan para mostrar su poder.
"La población tiene que someterse a unas reglas de control en términos de no transitar por ciertas zonas en ciertos horarios; hay comunidades que se ven forzadas a seguir cultivando (coca) o incluso hay mineros artesanales que están sometidos a la coacción", explica.

Todo eso ocurre ante la mirada impasible del Estado que dejó que otros grupos armados ilegales llegaran antes que la autoridad a áreas que dejó la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.

"El reto es hacer intervenciones integrales no solamente a partir de objetivos militares y acciones de la Policía, incluso de investigaciones de la Fiscalía, sino también de tomar medidas de protección" de las comunidades, haciendo caso por ejemplo a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, afirma.

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