- 15 personas más están involucradas en distintos niveles en el llamado “caso Nóos”.
Casa del Rey español respeta la decisión judicial contra la infanta
- La Casa del Rey de España expresó su “pleno respeto a la independencia del poder judicial”, tras conocer la decisión de un juez de imputar a la hermana de Felipe VI, la infanta Cristina, por presunto delito fiscal y blanqueo.
- Un portavoz de la institución real española se limitó a responder así al auto judicial emitido por el juez José Castro, de Palma de Mallorca (Islas Baleares, Mediterráneo).
- Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach aseguró que recurrirá el auto porque sigue sin existir ningún elemento en contra de la infanta Cristina.
- En tanto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sentenció que “en este país la ley es igual para todos”, y recordó las palabras de Felipe VI durante el discurso inaugural de su reinado, el pasado día 19, cuando proclamó su respeto a la independencia judicial.
- Juan Carlos, de 76 años de edad, dijo que se echaría a un lado para que la nueva generación inyectara energía en el país.
La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue imputada por un juez español por dos delitos fiscales y por blanqueo de dinero, mientras su esposo lo fue por otros siete supuestos cargos, en una investigación por presunta corrupción.
El juez José Castro emitió ayer un auto en la ciudad de Palma de Mallorca, donde se lleva la causa, que pone fin a una larga instrucción en la que imputa a 15 personas en el llamado caso Nóos.
Nóos es el nombre de una entidad sin ánimo de lucro presidida entre 2003 y 2006 por el cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, y a la que supuestamente se desviaron hasta seis millones de euros cerca de ($8 millones) procedentes de fondos públicos.
Según el auto, hay “sobrados indicios” de que Cristina de Borbón, de 49 años, intervino en la presunta trama corrupta “lucrándose en propio beneficio” y “facilitando los medios para que lo hiciera su marido”, mediante una “colaboración silenciosa”.
La intervención de la hermana del rey fue mediante “la colaboración silenciosa de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon”, de la que el otro 50% era de su esposo.
Según el juez, dichos fondos “ilícitos” proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas, a los que se añaden el dinero que su marido no desembolsó “gracias a sus defraudaciones fiscales”.
Castro considera “difícil compatibilizar” que Aizoon fuera “una sencilla y entrañable entidad familiar” con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y además lo compartiera con numerosas sociedades del entramado de Nóos.
Cristina de Borbón acudió a declarar ante el juez el pasado 8 de febrero, aunque su actitud “se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo”, según el auto.
Sobre Urdangarin pesa la imputación por nueve delitos, ya que es considerado supuesto autor de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales por el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.
La decisión del juez se produce menos de una semana después de que el hermano mayor de Cristina, Felipe, fuera proclamado rey de España tras la abdicación de su padre Juan Carlos.
El abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá su imputación, por entender que no hay base jurídica para ello y que el instructor no ha tenido en cuenta informes de la Agencia Tributaria española que, en su opinión, exonerarían a su defendida.
También recurrirá el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, para quien “sigue sin existir ningún elemento en contra” de la infanta Cristina, que “ha sido imputada por ser quien es”, en alusión a su parentesco con el rey.
Horrach dijo que la infanta ha sido tratada de manera “injusta” y añadió que tras escuchar “a más de 300 personas” no existen elementos incriminatorios contra ella.
Los recursos implican que corresponderá a una sala de la Audiencia Provincial de Palma, integrada por varios magistrados, decidir si finalmente la infanta es procesada, lo que sería un hecho inédito en la historia de España.
La nota dominante en las reacciones políticas en España a esta decisión de Castro fue mostrar respeto a la independencia del juez, aunque diversas formaciones de izquierda fueron más lejos y apuntaron su convicción de que se trata de un triunfo de la Justicia, por el simbolismo de ver como imputados a personas vinculadas por parentesco al rey.
