El primer día del juicio de los 19 presuntos miembros del grupo terrorista 17 de Noviembre (17-N) que se celebró ayer en la cárcel de Korydallos, cerca de Atenas, bajo estrictas medidas de seguridad, transcurrió en un ambiente de confusión.
Los acusados, que hicieron gala de una gran despreocupación durante toda la audiencia, consiguieron que el presidente de la Corte de Apelación Michalis Margaritis, de 64 años, accediera a que se retire el cristal blindado que rodea el banquillo de los acusados.
Los acusados, 18 hombres y una mujer, entraron en la sala saludando con la mano a sus allegados y se pusieron a hablar despreocupadamente entre ellos y con sus abogados.
Esa actitud contrastaba con la gravedad de las acusaciones que se les imputan: la "organización revolucionaria del 17 de noviembre", el nombre oficial del grupo, es responsable de 23 asesinatos de personalidades estadounidenses, británicas, turcas y griegas.
Uno de los acusados, Yannis Serifis, de 65 años, un sindicalista de extrema izquierda, y la abogada de Dimitris Kufontinas, de 44 años, considerado el jefe operacional del grupo, pidieron inmediatamente que se retirara el cristal blindado de dos metros de altura.
La audiencia tuvo que ser interrumpida y los abogados defensores volvieron a la carga, liderados por Yannis Rahiotis, defensor del supuesto jefe del 17-N Alexandre Giotopulos, que cuestionó la legalidad de ese tipo de banquillo asegurando que era contrario a la "dignidad" de los acusados.
Por otra parte, el gobierno guatemalteco tomará como base un listado de 250,000 ex paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para pagarles una compensación, por lo que serán depurados los 612,000 que se inscribieron hasta febrero pasado para cobrarla, informó ayer el presidente Alfonso Portillo.
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