Una comisión de alto nivel del gobierno inició ayer urgentes gestiones en un intento por desactivar la explosiva situación que se vive en dos departamentos del sur de Perú, que se oponen a la política de privatizaciones del presidente Alejandro Toledo.
Lejos de apaciguarse, los ánimos seguían encrespados cinco días después que el gobierno privatizó Egasa y Egesur, adquiridas por la belga Tractebel, operación que es rechazada en los departamentos sureños de Arequipa y Tacna, que consideran esas dos empresas como su patrimonio regional.
Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos indicó a sus ciudadanos con planes para viajar a Arequipa que quizás deseen retrasarlos a raíz de violentas manifestaciones que han dejado un muerto y 100 heridos.
El estado de abierta pugna se tradujo en el apedreamiento del ómnibus que transportaba a la comisión de alto nivel que llegó a Arequipa, segunda ciudad del país con 830,000 habitantes, en un intento por iniciar el diálogo con los dirigentes regionales.
El primer encuentro entre las partes se efectuó en el local de un colegio en medio de gritos de decenas de arequipeños que en las afueras hacían sonar ollas vacías y coreaban consignas contra el gobierno de Toledo en rechazo al estado de emergencia y el toque de queda impuestos en Arequipa desde el domingo.
El apedreamiento, que no dejó heridos, se produjo apenas el vehículo que conducía a los comisionados salía del aeropuerto y continuó durante un tramo considerable, cuando se dirigía hacia un colegio para el inicio de las tratativas.
La comisión es presidida por el arzobispo emérito de Arequipa, Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, y la integran el primer vicepresidente y ministro de Industrias, Raúl Diez Canseco, y los ministros de Educación, Nicolás Lynch, el canciller Diego García Sayán, y el titular de Salud, Fernando Carbone, además del ex defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega.
Decenas de personas salieron a manifestar en los barrios marginales de Arequipa en un abierto desafío al estado de excepción, mientras que en Tacna, extremo sur fronterizo con Chile, grupos de inconformes se enfrentaron con la policía antimotines por segundo día consecutivo y encendieron fogatas para bloquear el tránsito en las principales arterias y en la carretera Panamericana, según informes de prensa.
El representante del Partido Popular ante la mesa del PIVM, Carlos Abadía, expresó que la propuesta del Ejecutivo fue consistente y ahora le toca a la mesa analizar las cifras para tomar decisiones.
"Este fue un acto responsable del Gobierno y antes de dar una opinión en firme se debe estudiar la propuesta", añadió.
Para el director de la CSS, Juan Jované, la proposición tiene cuatro elementos fundamentales: que la solución no pasa por la privatización (excluye cuentas individuales), no se aumenta la edad de jubilación, hay que producir más ahorros en el Programa de Administración y traspasarlo a PIVM y que existe una deuda previsional que proviene del abuso que se ha hecho del sistema (robos, evasores y morosos).
"Finalmente se reconoce que hay una deuda con la institución y el Estado muestra su interés de participar en el cierre de esa deuda, y esto se ha hecho en todos los países", añadió.
Sustentó que todas las propuestas deben ser analizadas en la mesa del Diálogo, tal como lo ha propuesto el Ejecutivo, con la única diferencia que un 62% de la población no tiene "gran cosa que sacrificar", porque devengan salarios bajo la línea de pobreza.
"El 72% de los pensionados y el 62% de los asalariados devengan ingresos que están por debajo de la línea de pobreza, y esa gente hay que ayudarla", agregó.
Explicó que la CSS beneficia casi a dos millones de panameños y la entidad hace un sacrificio grande al brindar esa atención.
Según Jované, la población dependiente en el año 2050 será la misma de hoy, con la diferencia que la mayor demanda será de adultos mayores.
En cuanto a la administración del Fideicomiso, el economista no presentó objeciones porque el mismo sea administrado por el Ejecutivo, pues a su juicio lo importante es el flujo financiero de esas reservas.
Al respecto el representante de la Cámara de Comercio e Industria, Felipe Chapman, indicó que la propuesta merece un análisis para medir el impacto específico que tendrán las acciones de estas empresas en un término de treinta años.
Reiteró la necesidad de que se estudien todas las alternativas viables que le puedan brindar estabilidad a largo plazo al PIVM y no sólo concentrarse en realizar cambios tendientes a resolver el problema por un par de años.
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