La justicia y el fisco de Argentina investigarán si el ex presidente Carlos Menem cometió algún delito al omitir en sus declaraciones juradas de bienes que tenía una cuenta bancaria en Suiza, luego que él mismo lo reconociera, dijo ayer una fuente judicial.
La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, denunció al dirigente peronista de 72 años por haber omitido la existencia de una cuenta bancaria en Suiza, que sorpresivamente dio a conocer el lunes por primera vez en una entrevista con la cadena de televisión CNN.
El delito de omisión en la declaración de bienes prevé una pena excarcelable de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que sería un duro golpe para Menem, quien busca ser el candidato de su partido para los comicios presidenciales de marzo.
"Es una autodenuncia que se hizo Menem en la CNN porque él sale diciendo que tiene una cuenta que nunca había declarado", dijo una fuente judicial cercana a la OA que pidió no ser identificada. "Una de las obligaciones de la oficina (anticorrupción) es controlar las declaraciones juradas de los funcionarios.
Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le pidió al ex mandatario "que informe dentro de 10 días sobre la existencia de bienes y tenencias en el exterior que resulten alcanzadas por tributos", explicó a periodistas un portavoz del ente recaudador de impuestos.
Los dichos de Menem surgen días después de que el diario New York Times publicó que un presunto desertor de los servicios de inteligencia iraníes acusó al ex mandatario de supuestamente haber recibido un soborno de 10 millones de dólares del gobierno de Irán para encubrir a los autores de un atentado antijudío.
"Se está rompiendo con la costumbre de la población indígena en cuanto a su cacique, que es el responsable directo dentro de la comunidad", anotó.
González también denunció que la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) no está siguiendo el censo a los desplazados, ni les está entregando los carné. Inclusive, la ayuda económica-humanitaria que les brinda el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través del Vicariato del Darién, es insuficiente porque no se cubren todas las necesidades.
Argumentó que al darse esta situación los refugiados tienen que buscar medios alternos para subsistir, no obstante la Policía les prohíbe movilizarse. "La población está pasando por una situación muy difícil, por lo que presentará un recurso por violaciones a las garantías de la comunidad", añadió.
De acuerdo con el directivo de ALAP, en la región darienita hay más de 500 desplazados, mientras que ONPAR sólo tiene un registro de 367. A juicio de González, el conflicto en la zona se recrudecerá y seguirá llegando gente, ya que estos 500 están sólo en Jaqué, cuando por otras comunidades hay aún más.
Sustentó que el problema radica en que los desplazados ahora no se reportan ante las autoridades, sino que se quedan en los lugares apartados para evitar ser deportados.
Por otro lado, la legisladora Milanés de Lay dijo desconocer la situación actual del sector, toda vez que no lo visita desde el mes de marzo, pero informó que solicitará al director de la Policía, Carlos Barés, una reunión para tratar el tema.
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