La UE aplica sanciones y embargos contra Venezuela por actos de represión
Actualizado 2017/11/12 18:37:08
- Bruselas/EFE
Las sanciones a Venezuela ya están acordadas a nivel de los embajadores de los Veintiocho y consistirán en un embargo de armas y en un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados "para la represión interna" o para "vigilar" las comunicaciones electrónicas.
La medida restrictiva contra Venezuela se da por los actos represivos del Gobierno de Nicolás Maduro.
La Unión Europea toma duras medidas contra Venezuela y a partir de la fecha aplica un embargo de armas por la represión en el país, gobernado por Nicolás Maduro.
Ell organismo internacional dará su visto bueno a la imposición de un embargo de armas a Venezuela además, una veintena de Estados miembros, entre ellos España, se comprometerán a colaborar más en Defensa mediante una cooperación estructurada permanente (PESCO).
Son las dos cuestiones más importantes que estarán a partir de la fecha sobre la mesa del Consejo conjunto de los ministros de Exteriores y Defensa de la UE, en Bruselas.
Las sanciones a Venezuela ya están acordadas a nivel de los embajadores de los Veintiocho y consistirán en un embargo de armas y en un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados "para la represión interna" o para "vigilar" las comunicaciones electrónicas.
Además, incluyen la "base legal" para que la UE decida una lista de personas a las que considere responsables de la situación en el país, a las que les prohibirá viajar a territorio comunitario y congelará los bienes que puedan tener en la Unión, "si la evolución de la situación lo requiere".
Fuentes consultadas afirmaron que se empiezan a investigar nombres aunque su inclusión en esa lista solo se efectuará si las primeras medidas restrictivas no surten efecto.
Serán unas medidas graduales, selectivas, flexibles y reversibles, según fuentes comunitarias, quienes insistieron en que no están concebidas para afectar a la población venezolana en general.
Su objetivo es, dijeron, impulsar un proceso creíble y significativo que pueda conducir a una solución pacífica negociada en el país.
Por otra parte, los ministros de Defensa de una veintena de países, entre ellos España, firmarán la notificación de participación en la PESCO, una iniciativa contemplada en los tratados de la UE pero jamás utilizada hasta ahora y que puede ponerse en marcha por mayoría cualificada.
El Consejo de ministros de España ya dio su visto bueno el pasado viernes para que el país se sume a esta iniciativa, fuertemente defendida también por países como Francia, Alemania o Italia.
Países como el Reino Unido (en pleno proceso de salida de la UE), Dinamarca o Irlanda han decidido por el momento quedarse fuera.
Más adelante, en diciembre, el Consejo de la UE aprobará la base legal para que los países participantes puedan empezar a planificar proyectos conjuntos.
La dificultad de esta iniciativa radicaba en que los participantes tenían que asumir compromisos vinculantes ambiciosos pero sin crear una política tan restrictiva como para que el resto de Estados miembros no pudieran unirse a ella en el futuro.
Al firmar la PESCO España asume los compromisos de aumentar los presupuestos de defensa para alcanzar los objetivos acordados, incrementar el gasto de inversión en defensa hasta el 20% y aumentar los proyectos de capacidades estratégicos colectivos e industriales.
También se compromete a incrementar proporcionalmente los gastos dedicados a innovación y el desarrollo para aproximarlos al 2%.
"La PESCO es el compromiso de planificar juntos. Los proyectos serán una consecuencia de ello", indicaron fuentes diplomáticas.
Las capacidades que desarrollen los países de la PESCO quedarán bajo su control, aunque deberán tener en cuenta la complementariedad con la OTAN, apuntaron, a fin de evitar solapamientos.
Además, por sí misma la PESCO no creará una estructura de comando y control ni estará diseñada para liderar operaciones por sí misma.
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Los países participantes deberán presentar sus planes nacionales de defensa y habrá un mecanismo de control de los compromisos vinculantes y de sus plazos, apuntaron las fuentes europeas.
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