En Colombia las víctimas de minas antipersonal aumentaron este año en comparación con el anterior, dijo el director de la campaña “Colombia contra minas”, Álvaro Jiménez.

En dialogo con la radio local RCN, Jiménez se mostró preocupado y dijo que los afectados crecieron hasta en un 300%. “A la fecha registramos un numero de 180 personas afectadas, lo cual contrasta con las 56 de 2017, que significó en su momento un descenso sin precedentes”.

Tanto militares como policías y civiles --incluso menores de edad-- han sido víctimas de estos artefactos que están bajo la tierra y cualquiera podría pisar por error. No hay un cálculo concreto de cuántas minas están sembradas en todo el país, pero se sabe que las zonas más afectadas son Catatumbo y Nariño.

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Con estas cifras, señaló Jiménez, Colombia volvería a ocupar los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a afectación por estas minas. Según dijo, el aumento en las cifras obedece al incremento de hechos de violentos en diferentes zonas de Colombia, donde hacen presencia grupos ilegales que se disputan el control de territorio dejado por la desaparecida guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"La firma del acuerdo de paz con las FARC permitió reducir todos los índices de violencia, pero este año ha habido un mayor accionar de grupos como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, red principal del narcotráfico colombiano, entre otros”, señaló.

Según Jiménez, los esfuerzos del gobierno en las labores de desminado no garantizaron la reducción de tragedias porque se siembran en sectores donde operaban las FARC, pero no donde tienen presencia los otros grupos ilegales.

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"Se ha hecho un avance importante. Algunos municipios de Antioquia, por ejemplo, tienen resultados valiosos, pero de no controlar el aumento del uso de minas por parte de grupos armados no se podría seguir avanzando en este tema por falta de garantías de seguridad", agregó.

Colombia es parte de la Convención de Ottawa junto con otros 160 países. El tratado se enfoca en la prohibición de producción, empleo, almacenamiento y transferencia de minas y el objetivo es erradicarlas en todo el país en 2021.