El Tribunal Supremo de EE.UU. estudiará hoy la constitucionalidad de cuatro secciones de la Ley SB1070 de Arizona, promulgada por la gobernadora republicana, Jan Brewer, en abril de 2010, y que fueron previamente suspendidas por la juez federal Susan Bolton en Arizona antes de que entrara la legislación en vigor en julio de 2010, porque criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado.
La Ley SB1070, según sus partidarios, responde a la frustración de varios estados por la presunta inacción del Gobierno Federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y reforzar la seguridad fronteriza.
Para cuando fue promulgada la Ley SB1070, había en Arizona cerca de 460 mil inmigrantes indocumentados -la mayor parte de ellos hispanos-; es decir, el número se quintuplicó respecto a 1990. En todo EE.UU. se considera que residen unos 11 millones de indocumentados.
La SB1070 fue modificada para evitar la aplicación selectiva de ley en base a la raza, color u origen nacional. Sin embargo, sus detractores aseguran que esta solo ha servido para discriminar contra personas que luzcan foráneas o tengan acento extranjero, y no resuelve los problemas de la inmigración ilegal.
La ley fue promovida por el ahora exsenador estatal Russell Pearce, que ya había intentado promover una similar en 2006, aprovechando el ambiente contra la inmigración ilegal que empezó a comienzos de la década de 1990. Fue impugnada en los tribunales por el Departamento de Justicia y una amplia coalición de grupos cívicos, religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes en todo el país.
Protestas.
A pocas horas para que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos a favor y en contra de la ley antiinmigrante de Arizona, con el fin de decidir sobre su futuro, la comunidad hispana expresó su desacuerdo con esa norma que creen “legaliza” el perfil racial en el país.
Hace dos años la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, firmó la controvertida legislación, la primera en el país en criminalizar a los indocumentados; dando pie a un debate nacional sobre el poder que tienen los estados para aplicar leyes migratorias.
Así, en un caso histórico, el Supremo deberá decidir sobre la facultad que tienen los estados para promulgar sus propias leyes migratorias, competencia del Gobierno Federal.
La gobernadora ha dicho que firmó esta ley en respuesta al fracaso del Gobierno Federal por asegurar la frontera, ya que, dijo, Arizona, que comparte 389 millas de frontera con México, ha sufrido los efectos de la violencia generada por la inmigración ilegal.
Mientras ambas partes se preparan para presentar sus argumentos orales ante el máximo tribunal del país, miembros de la comunidad hispana en Arizona realizan eventos para expresar su rechazo a esta legislación.
Se espera una nueva manifestación, hoy después de que el Tribunal Supremo escuche los argumentos, en Phoenix y otra en Tucson, en el sur del Estado.
“A pesar de todas las malas interpretaciones y retóricas en contra de la SB1070, el apoyo del público hacia esta legislación es más fuerte que nunca”, sostuvo la gobernadora, quien hoy estará presente durante la audiencia judicial en la Corte Suprema.
El punto más controvertido es la sección que exige a todo agente del orden en Arizona verificar el estatus migratorio de los individuos “sospechosos” de estar ilegalmente en el país.
Se prevé que el Supremo dé a conocer su decisión sobre el caso antes de su receso a finales de junio.
Reunión.
El senador demócrata Charles Schumer dijo que si la Corte Suprema ratifica las leyes migratorias adoptadas por seis estados presentará una iniciativa para limitar la autoridad de los gobiernos estatales en el ámbito migratorio.
