Las autoridades mexicanas desconocen la dimensión real de la trata de personas en este país, que se ha convertido en un “paraíso” para la comisión de estos delitos, dijo la experta Alicia Mesa Bribiesca.
“El problema que tenemos en México es que las autoridades no han detectado el problema. Esto es un indicador de que no están poniendo los ojos. Y no visibilizarlo es no comprometerse con una legislación y una política pública adecuada”, explicó la representante del Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas.
“Es más, (México) es un paraíso para el turismo sexual y la trata de personas”, agregó esta representante también del Observatorio contra la Trata de Personas en el Distrito Federal, que es parte del Latinoamericano.
La especialista recordó que, según la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía federal), en México hay entre 16 mil a 20 mil personas involucradas en delitos de trata.
“Yo creo que son muchísimos más”, aseguró Mesa Bribiesca, quien considera que los datos más duros sobre la situación vienen de fuentes foráneas.
“Por otro lado, más bien en el plano internacional por parte de Naciones Unidas, sabemos que somos el primer país o segundo, competimos con Tailandia, en turismo sexual de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo el funcionario.
Mesa Bribiesca participó junto a otros expertos en la presentación del II Informe Respeto de los Derechos Humanos en Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal.
En el acto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que la trata de personas en México podría ser equiparable con el narcotráfico en cuanto a las ganancias que deja.
Tendencias preocupantes en la capital del país son, según Mesa Bribiesca, que las víctimas de explotación sexual en barrios como La Merced “cada vez son más jóvenes”, hasta de 13 años, y que sucumben ante redes de corrupción “que les consiguen credenciales del Instituto Federal Electoral (IFE) para que puedan pasar a los hoteles como adultas”, apuntó.
Entre las carencias denunciadas en la urbe están los "atrasos significativos en la detección y persecución" de delincuentes ligados a este delito.
Además, “serias dificultades para analizar de manera consistente la información” sobre trata, asesinatos de mujeres y todo lo relacionado con pornografía, lenocinio, turismo sexual, corrupción de menores y secuestros.
Para la PGR, donde se encuentra la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), este es “un delito que ha existido muchos años auspiciado por el silencio” en México.
La dependencia destaca que desde 2008 han aumentado las investigaciones en torno a este delito. No obstante, de enero a noviembre de 2011, solo 11 personas fueron encarceladas y 110 víctimas atendidas.
Por estados, los de mayor incidencia de este tipo delito son Baja California, Veracruz, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México.
CIFRAS RELEVANTESDEL INFORME
2008- aumentaron las investigaciones sobre los casos de trata de personas y los feminicidios.
- personas fueron encarceladas en el 2011, según informaron las autoridades.
- víctimas fueron atendidas por los abusos sufridos durante su cautiverio.
LEGISLACIONESDE APOYO
- El presidente de México, Felipe Calderón, promulgó el 22 de junio pasado el decreto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que busca brindar “atención inmediata” y mejorar la protección de estos profesionales, afectados por la ola de violencia que vive el país. Se establece un fondo para apoyar a personas que requieran protección.
Órgano para defender a activistas
El Gobierno mexicano lanzó una convocatoria a organizaciones civiles y activistas interesados en formar parte del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Gobernación (Interior), establece las bases para la integración del primer Consejo Consultivo, que tendrá nueve miembros.
Cuatro integrantes serán defensores de derechos humanos, otros cuatro serán periodistas y el noveno será un académico vinculado a temas relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos, al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
“Los consejeros no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna, ya que su carácter es honorífico”, precisa el documento de la convocatoria.
