Los negociadores de paz del Gobierno colombiano comparecieron ayer en Bogotá para tratar de despejar las dudas que despierta el acuerdo con las Farc en materia de justicia, especialmente en lo tocante a las consecuencias que puede tener para militares, policías y otros agentes del Estado.
"Nosotros no vamos a aceptar un escenario (...) donde aquí despachamos rápidamente a las Farc y nos dedicamos a abrir investigaciones contra agentes del Estado o civiles, ese no va a ser el escenario", aseveró Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz.
Por su parte, Humberto de La Calle, jefe del equipo que negocia con las Farc en La Habana desde fines de 2012, subrayó en respuesta a otro de los interrogantes de la sociedad colombiana y también organismos de derechos humanos: este "no es un acuerdo de impunidad".
Jaramillo y De La Calle respondieron en un acto oficial a las dudas surgidas tras la euforia inicial por el acuerdo alcanzado el pasado miércoles sobre la justicia "transicional" (de transición) que regirá tanto para guerrilleros como para agentes del Estado una vez que se logre el acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.
Ese pacto implica una serie de beneficios jurídicos a los que se podrán acoger algunos miembros de las Farc, los que no han cometido delitos más graves, y que también es aplicable a civiles, militares y otros agentes del Estado que hayan cometido delitos durante el conflicto armado.
Además se estableció una fecha límite para la firma del acuerdo final (26 de marzo de 2016).
El alto comisionado de paz aseguró que "se trata de mirar los hechos más graves y significativos del conflicto y de manera equilibrada hacer justicia para todos".
"Todo el que tenga responsabilidad y quiera obtener un resultado judicial debe someterse al sistema", señaló a su vez el jefe de los negociadores del Gobierno.
De La Calle subrayó que "las decisiones tienen que ser equilibradas y equitativas", además de marcar diferencias "porque las condiciones con las que cada quien ha actuado tienen que ser distintas".
