Niños calcinados en un autobús en Colombia tendrán hoy un sepelio colectivo

La mayor parte de los 33 niños fallecidos el 18 de mayo en el incendio de un autobús en el norte de Colombia serán enterrados hoy en una ceremonia colectiva en Fundación, el lugar del trágico accidente que conmocionó al país.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, asistirán al sepelio colectivo en el "Parque Cementerio ngeles de Luz".

Una caravana con los féretros de los más de treinta niños salió hoy por la mañana hacia Fundación desde la institución forense Medicina Legal en Barranquilla (norte del país) escoltada por la Policía.

En Fundación, los cerca de 90.000 vecinos esperan consternados para darle el último adiós a los niños de corta edad que perdieron la vida cuando el autobús, que incumplía varias normas de seguridad, en el que regresaban de un servicio religioso dominical se incendió en el humilde barrio de Altamira.

Dos de los menores serán enterrados en la ciudad de Santa Marta, uno en Barranquilla y otro en Venezuela por decisión de los padres, mientras que los restos de los otros 29 niños fallecidos descansarán en Fundación.

Una vez que la caravana llegue al cementerio se celebrará un velatorio, seguido de una ceremonia religiosa en la que participará el presidente Santos.

El Defensor del Pueblo afirmó en las últimas horas que evalúa interponer una demanda contencioso-administrativa contra el Estado por los fallos cometidos por varias instituciones en estos hechos.
Opinó que una fórmula efectiva podría ser buscar una audiencia de conciliación para que se "indemnice de manera inmediata" a las familias.

"Una persona que manejaba sin pase, que no tenia seguro, no había exámenes de órganos de control del vehículo que transportaba combustible, que no estaba afiliado... Hubo una cadena de errores y omisiones de diferentes instituciones del Estado" y éste debe responder, dijo Otálora.

Otálora, que este martes visitó a ocho de los cerca de veinte niños supervivientes, que son atendidos en un hospital de Santa Marta, liderará una delegación de la Defensoría del Pueblo que presta sus servicios psicológicos y jurídicos a las familias de las víctimas.