La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, confirmó ayer que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, será el mediador en la crisis en Honduras, después de que ambas partes aceptaran ese papel.
Su declaración llega después de que en Tegucigalpa, el nuevo gobernante, Roberto Micheletti, dijera haber aceptado la mediación por parte de Arias, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 1987.
El depuesto mandatario, Manuel Zelaya, también está de acuerdo con el nuevo papel de Arias, aseguró Clinton, quien se reunió ayer en Washington con el líder hondureño y habló por teléfono con el jefe de Estado costarricense.
"Él ha dicho que está dispuesto a comenzar inmediatamente", dijo la jefa de la diplomacia estadounidense, quien señaló que su país espera que las conversaciones lleven "a la restauración del orden democrático y constitucional, y a una solución pacífica" al conflicto.
Clinton afirmó que la prioridad de su país es que las dos partes en Honduras inicien el diálogo directo.
"Estamos a punto de que eso ocurra", apuntó Clinton en una rueda de prensa, en la que explicó que Arias realizará su mediación desde Costa Rica, a donde se desplazarán Micheletti y Zelaya.
A su salida del Departamento de Estado, Zelaya confirmó que mañana viajará a Costa Rica para iniciar las conversaciones, al tiempo que admitió la posibilidad de adelantar las elecciones de su país, pero solo si las convoca el Gobierno legítimo que él representa.
Marcha.
Xiomara de Zelaya apareció ayer por primera vez en público desde el derrocamiento de su esposo Manuel Zelaya, al acudir a una marcha de seguidores en la que afirmó que “lo único que vamos a permitir negociar es que el presidente sea restituido en su puesto”.
Denuncia.
Activistas humanitarios guatemaltecos que regresaron de una visita a Honduras denunciaron ayer en Guatemala que "al menos cinco personas han sido ejecutadas extrajudicialmente" en ese país tras el golpe de Estado del 28 de junio.
Los activistas, que integraron una misión humanitaria encabezada por la Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, denunciaron que "la militarización del país (Honduras) y el uso indiscriminado de la fuerza sin control, ha derivado en la violación de derechos humanos tan elementales como el derecho a la vida".
"Hemos podido constatar al menos cinco ejecuciones extrajudiciales derivadas directamente de esta situación, así como violaciones a los derechos a la movilización, expresión, manifestación y reunión", aseguraron los activistas en rueda de prensa.
