Partido expulsa a Roberto Borges y no podrá reafiliarse por ningún motivo

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) resolvió por unanimidad la expulsión como militante de Roberto Borge Angulo, exgobernador del estado de Quintana Roo, capturado el domingo pasado en Panamá y buscado por corrupción en México. La Comisión acordó que Borge, a quien ya se le habían suspendido sus derechos partidistas el 16 de diciembre de 2016, deja de formar parte del PRI y por ningún motivo podrá reafiliarse al partido. Arturo Zamora, miembro de la Comisión, dijo en conferencia de prensa que el actual Gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto (PRI), ha emprendido un decidido combate a la corrupción. "Quiero dejar bien claro que en lo que va de este Gobierno, nueve exgobernadores han dormido en prisión. Cinco de ellos fueron gobernadores durante el sexenio de Felipe Calderón (del conservador Partido Acción Nacional, PAN). En ese periodo (2006-2012) jamás fueron ni investigados ni procesados", declaró. Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles, refirió que el órgano "declaró fundado el procedimiento sancionador contra Roberto Borge, por acreditarse las conductas que se le imputan respecto a la falta de probidad en su comportamiento como gobernador de Quintana Roo". Señaló que esta conducta provocó desprestigio y un daño severo a la imagen del PRI, y representa una evidente desviación a los principios de esa agrupación política. Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016, espera su extradición desde Panamá luego de ser capturado el domingo en el país centroamericano en un operativo conjunto de las autoridades panameñas y la Policía Internacional. El arresto tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá cuando el político se disponía a tomar un vuelo rumbo a París (Francia). De acuerdo con la Procuraduría General de la República (fiscalía) de México, Borge está implicado en la venta de terrenos del estado de Quintana Roo, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado, y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.