La plataforma de vídeos breves TikTok instó a la fundación de verificación Maldita.es a compartir de forma íntegra los datos de su investigación, en la que se identificaron más de mil vídeos de abuso sexual infantil y 20,000 perfiles de potenciales pedófilos. La red social sostuvo que la negativa a entregar la información les "impide activamente localizar y eliminar este material".
Fuentes de TikTok confirmaron a la agencia EFE que carecer de los registros específicos "obstaculiza la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad españolas" y retrasa la remoción de las cuentas infractoras.
Los hallazgos publicados por Maldita.es arrojan cifras sobre la presencia de redes de explotación infantil en la red social:
Más de 1,000 vídeos de Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), los cuales suman más de 48 millones de visualizaciones.
Más de 20,000 cuentas vinculadas al intercambio o venta de este material, de las cuales más de 7,000 operan en idioma español.
Unos 780 perfiles dedicados a la captación de compradores y una comunidad de más de 2,000 miembros orientada a la búsqueda de contenido explícito con bebés.
Además de 91 emisiones en vivo en 17 países donde usuarios solicitaban acciones, en ocasiones de índole sexual, a menores a cambio de dinero o incentivos digitales.
"El contenido sexualmente explícito con menores está categóricamente prohibido. Desplegamos tecnologías avanzadas para identificar y eliminar este contenido. Mantener TikTok como un lugar seguro es nuestra máxima prioridad", sostuvieron voceros de la empresa, apelando a una "respuesta colectiva" de la industria.
Reacción gubernamental y acciones legales en España
La divulgación del informe generó reacciones inmediatas en las instituciones estatales de España. El Ministerio de Juventud e Infancia formalizó una petición ante la Fiscalía General del Estado para que abra las investigaciones pertinentes.
Asimismo, el ministerio planteó la posibilidad de suspender o paralizar de forma cautelar los servicios de TikTok en España si las autoridades judiciales o administrativas lo consideran oportuno para garantizar la protección de la infancia.
