La gestión de una ayuda mensual procedente de Venezuela de $25 a los funcionarios nicaragüenses causó polémica en el país centroamericano.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó a Nicaragua su inquietud por la capacidad de Nicaragua de mantener ese pago, que asciende a $23,2 millones.
La incertidumbre sobre la sostenibilidad del bono, que beneficia desde junio a unos 130,000 empleados públicos de bajo ingreso, se produce cuando se acercan las elecciones presidenciales de 2011.
