Por lo menos 90 muertos al chocar camión cisterna con autobús en Irán

Un camión cisterna cargado de gasolina se estrelló el jueves en la noche contra un autobús en el sureste de Irán causando la muerte por lo menos a 90 personas, y tal vez hasta 200, según la Media Luna Roja.
"Han sido evacuados 90 cuerpos", declaró un responsable de la Media Luna Roja en Zahedan.
El camión, que transportaba gasolina, chocó hacia las 22h30 del jueves contra un autobús que se hallaba detenido en Nosrat Abad, a menos de 100 km de Zahedan.
El camión se incendió de inmediato y el fuego se propagó en un radio de 50 metros hacia otros seis autobuses y camiones, dos de ellos cargados de brea, provocando inmensas llamas.
El choque podría haber causado cerca de 200 muertos, indicó ayer la Media Luna Roja citada por la televisión nacional.
El gobernador de Zahedan, Heydar Ali Nuraie, indicó que era imposible por el momento determinar el número exacto de víctimas ya que numerosos cuerpos están atrapados aún entre los hierros calcinados de los vehículos.
Manifestó que no es incompatible la preocupación que tienen los contralores con el espíritu de la iniciativa que está contenida en el paquete de reformas y agregó que existen mecanismos adicionales al control previo que pueden promover la transparencia.
Defendió, además, su propuesta de otorgar autonomía financiera al Tribunal Electoral, porque se busca "fortalecer" esa entidad de posibles intentos de abuso por parte del Ejecutivo a través del presupuesto del Estado.
Torrijos consideró que otorgando mayor autonomía financiera al Tribunal Electoral se garantiza la libertad de acción para aplicar la justicia electoral, pero en ningún modo se trata de atentar contra los mecanismos de control establecidos en el control previo.
Martín Torrijos consideró que otorgando mayor autonomía financiera al Tribunal Electoral se garantiza la libertad de acción para aplicar la justicia electoral, pero en ningún modo se trata de atentar contra los mecanismos establecidos en el control previo.
En la sesión de ayer, también participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, quien se mostró a favor de los cambios que se pretenden introducir en este órgano del Estado.
Incluso explicó que estaría de acuerdo en que los temas de materia electoral sean de competencia exclusiva de los magistrados del Tribunal Electoral.
Añadió que sería adecuado cambiar el método de selección de los magistrados y además establecer que los suplentes no sean miembros de firmas de abogados de la localidad. La también magistrada Graciela Dixon intervino igualmente y planteó que sería adecuado dejar un artículo abierto que permita aumentar o disminuir el número de magistrados de acuerdo a las necesidades.
Mientras el legislador Wigberto Quintero, presidente de la Comisión de Gobierno, expresó que durante el fin de semana continuarán con las consultas a los grupos interesados, a fin de ver si es posible que el próximo lunes se puedan presentar ante el pleno.
El partido MOLIRENA también tuvo la oportunidad de expresar su posición, a través de Jorge Rubén Rosas, quien calificó la propuesta como "unipartidaria" y pidió que el tema sea discutido con mayor "detenimiento y cordura".
Rosas manifestó que en las reformas se han planteado algunos aspectos positivos como la autonomía del Tribunal Electoral, la eliminación de un vicepresidente, al igual que de un suplente de legislador, la libre postulación y el establecimiento de la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la eliminación del concepto de representación proporcional en la Asamblea y recomendó buscar una forma más equitativa para la asignación de las curules, ya que la que está vigente favorece a los partidos mayoritarios.
Durante la reunión de ayer también expusieron ante la Comisión de Gobierno, Fernando Manfredo, Jorge Illueca y Humberto Ricord, quienes en su mayoría centraron su posición en la necesidad de lograr un cambio constitucional que permita el funcionamiento de un Estado moderno.
También se otorgó participación a la representante de la Comisión de Justicia y Paz, Magaly Castillo, al dirigente de los servidores públicos, Leandro Avila; el dirigente sindical Mariano Mena, entre otros representantes de la sociedad civil.