La presidenta Cristina Fernández derogó ayer el polémico sistema de gravámenes a la exportación de granos un día después de que el Senado rechazara el proyecto oficial que establecía ese esquema impositivo que desencadenó múltiples protestas agrarias.
El anuncio fue formulado por el jefe de gabinete Alberto Fernández, quien en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno leyó el decreto firmado por la mandataria en el que da instrucciones al Ministro de Economía para dar marcha atrás con la resolución ministerial del 11 de marzo que había establecido las nuevas retenciones (gravámenes).
"Ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse en democracia", anunció el jefe de gabinete.
En marzo, el gobierno había fijado por resolución ministerial un esquema móvil de retenciones que ataba la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional y que para el caso de la soja, de la que Argentina es tercer productor mundial, implicaba un aumento de más del 10%.
Desde que fueron anunciadas, las retenciones desataron la reacción del campo, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina, que realizó cuatro huelgas y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos. Al reclamo del campo se sumaron varias protestas urbanas y "cacerolazos" en rechazo al Gobierno.
Para intentar destrabar el conflicto, la mandataria envió en junio al Congreso --donde el oficialismo posee mayoría en ambas cámaras-- un proyecto solicitando la ratificación del nuevo esquema impositivo.
El jueves en horas de la madrugada, el Senado rechazó el proyecto --que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados-- con el inesperado y decisivo voto del vicepresidente de la república Julio Cobos.
La votación de la iniciativa había quedado empatada en 36 votos y Cobos --que en su condición de vicepresidente es también titular del Senado-- definió la suerte del proyecto con su voto en contra.
El gobierno defendía las retenciones con el argumento de que permiten una mejor redistribución de la riqueza porque impiden que se traslade al mercado local el aumento internacional en el precio de los alimentos.
Para los productores, el impuesto era "confiscatorio".
Conformidad.
Dirigentes del campo argentino consideraron que la decisión del Gobierno de suspender la subida de impuestos a la exportación de granos pone "fin al conflicto" abierto hace más de cuatro meses, aunque advirtieron que aún esperan respuestas a otros reclamos del sector.
El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, manifestó que la decisión del Ejecutivo termina la controversia "si existe la derogación" de la polémica resolución gubernamental que estableció en marzo pasado un nuevo esquema impositivo para el sector agrario.
"Permite pensar en un proyecto superador para recuperar el tiempo perdido" durante el conflicto, enfatizó Miguens.
El dirigente de la SRA aclaró que aún resta "abordar una extensa agenda" con pedidos del campo para alcanzar beneficios "en el sector ganadero, lechero, las economías regionales".
