AES aclara que proyecto Chan II ya fue cancelado

Felipe Virzi, uno de los propietarios del proyecto hidroeléctrico Tabasará II en etapa de diseño final, rompió ayer el silencio ante la nueva propuesta de la dirigencia indígena y pidió que este tema vaya a referéndum.

“Son más de tres millones de panameños los que deben decidir si quieren las hidroeléctricas en el país y no un minúsculo número de personas”, sostuvo Virzi, al tiempo que aseguró que esta iniciativa fue presentada al presidente Ricardo Martinelli.

La inversión de Tabasará II está calculada en 130 millones de dólares y tendría una capacidad máxima de 36 megavatios.

La reacción de Virzi se originó tras conocer que, adicional a la cancelación de la hidroeléctrica Barro Blanco, la coordinadora indígena solicitó que se anule el proyecto Tabasará II y la concesión adjudicada a AES Panamá: Chan 140 y Chan 220 (Chan II).

Virzi dijo que, si a través de un referéndum los panameños deciden que no quieren hidroeléctricas, se retiraría.

El empresario advirtió que “la peor enfermedad es la pobreza... pero sí se puede combatir con proyectos como los hidroeléctricos que generan puestos de trabajos y beneficios”.

Aclaración.
La empresa AES Panamá aclaró ayer que a lo interno de las negociaciones con los indígenas no debe existir problema con el proyecto Chan II, ya que esta concesión fue anulada desde el pasado 7 de junio de 2011 mediante las resoluciones 4493 y 4494 de 7 de junio de 2011, emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

A pesar de que esta concesión fue anulada, AES señaló que el proyecto Chan II, dividido en Chan 140 y Chan 220, nunca se diseñó dentro del territorio comarcal o áreas anexas.

“AES es respetuosa de las leyes vigentes en la República de Panamá y confía plenamente en su seguridad jurídica”, indicó ayer la empresa de capital canadiense, al tiempo que dijo esperar que las partes puedan encontrar acuerdos favorables para el país en el marco de la mesa de diálogo.

Genisa.
La directiva de la empresa Genisa, encargada del proyecto Barro Blanco, también reaccionó y a través de su vocero, Juan Ramón Vallarino, indicó que la empresa no desea un rescate administrativo.

Vallarino advirtió que, si el Estado acepta la propuesta de la dirigencia indígena, deberá pagar a la empresa el valor de la concesión como obra terminada de 100 millones de dólares.