La luz de una bombilla permitía abrirse paso en medio de excretas y basura. Telarañas y maderas rajadas y podridas por el tiempo daban la impresión de abandono. El aullido de un perro dio la alerta de signos de vida.
Es el inmueble 8-45, ubicado entre la calle 8 y 9 del Casco Antiguo, el ambiente de tres familias, donde el olor de las excretas y de la orina seca hicieron perder a la madera su peculiar aroma.
Allí, desde hace 9 años, vive Boris Córdoba, de 75 años de edad y otras dos familias. Su rostro desgastado por el tiempo, mostraba una preocupación: quedar en la calle.
Ese inmueble, construido sobre la finca No.2542, que forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por la UNESCO, al igual que el 5-43, construido sobre la finca No. 5471, en Plaza Catedral; la casa No.1024, en calle 11, y la finca 3056, en avenida Eloy Alfaro, serán desocupados.
Boris está enfermo y no tiene dónde ir, mientras se gana unos reales cuidando vehículos en los perímetros del antiguo Mercado Público.
Según Ariel Espino, director de la OCA, estos cuatro no son los únicos inmuebles en peligro, pero encabezan la lista.
Despreocupada y lejos de estos planteamientos está Eloida González, de 33 años, quien lleva tres meses habitando uno de los inmuebles que será desalojado. Necesita ayuda para sus cuatro hijos.
Su vecino Eladio Henríquez, de 85 años, se pregunta: ¿si me sacan de aquí, para dónde voy a ir? Él y su esposa caminan entre las
Ambos fueron visitados por la corregidora Hermelinda Peralta, quien les avisó del desalojo.
El coordinador de Corregidores de la Alcaldía de Panamá, Eliécer Barsallo, explicó que los desalojos se ejecutan cuando lo ordena un juez, lo dicta el MIVI o la corregiduría cuando se trata de intrusos, son inmuebles condenados o en peligro.
Según Gisela Prieto, vicepresidenta de la Asociación de Moradores de San Felipe, las personas sienten el lugar como parte de sus vidas.
Para Linette Montenegro, directora nacional de Patrimonio Histórico del INAC, hay quienes se meten en una casa en mal estado, pero el deber del propietario es evitar el ingreso.
Sin embargo, varios ciudadanos se preguntan: ¿volverán a ese inmueble después de restaurado?
"Los propietarios no están buscando reubicar a las personas que vivían allí, porque usualmente están invirtiendo para otro mercado, otro público", aseguró Espino.
Pueden colocar un hotel, un restaurante, la ley no lo obliga a que busque a esa gente, añadió.
De 2004 a 2007 se han reubicado 157 familias de propiedades privadas, en proceso de desalojo y 94 del Estado panameño.
