Anomalías bancarias en el caso Panama Opportunity Partners

Un documento pericial detectó irregularidades en certificaciones y registros bancarios del Banco Banisi vinculados al proceso ejecutivo de mayor cuantía contra el empresario Rugiere Gálvez y las empresas del grupo RG Hotels.

Sin embargo, el documento identificado como Auditoría Forense No. SAF-032-2022 no fue incorporado al expediente que tramita el Juzgado Cuarto Liquidador, pese a ser una prueba oficial.

El peritaje, de 20 páginas y fechado el 17 de junio de 2022, fue rechazado previamente por el Juzgado Cuarto de Circuito. Con ello, la única auditoría independiente y técnica sobre los movimientos financieros relacionados con el caso quedó fuera del proceso civil, una decisión que ahora reabre cuestionamientos sobre la transparencia y el equilibrio probatorio.

Según consta en el informe, Banisi habría emitido certificaciones de saldo al 13 de octubre de 2014 con montos e intereses que no coincidían con los registros contables internos ni entre sí. Esas cifras fueron usadas para justificar la acción ejecutiva contra Gálvez.

El peritaje también señala que no fue posible reconstruir con certeza el origen y destino de diversas transacciones asociadas a préstamos corporativos y a una línea de crédito rotativa de 2013, debido a que la documentación entregada por el banco no coincidía plenamente con estados de cuenta ni contratos.

Aunque el informe no calcula el perjuicio total —facultad que corresponde al Ministerio Público—, sí concluye que las inconsistencias detectadas generaron un impacto patrimonial directo sobre Gálvez y sus empresas, contradiciendo la versión de que no hubo afectación.

Otro hallazgo apunta a que algunas obligaciones fueron catalogadas como vencidas pese a que la línea de crédito rotativa mantenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014 y ciertos préstamos tenían fechas posteriores. Esta clasificación habría contribuido a sustentar la ejecución judicial.'

El informe destaca que la documentación proporcionada por Banisi no coincide con los estados de cuenta ni con el contrato de la línea de crédito de 2013.

Aunque la auditoría forense no fija un monto final del perjuicio), sí establece que las inconsistencias detectadas generaron un perjuicio patrimonial.

El informe expone irregularidades bancarias de fondo. Sin embargo, esta prueba fue rechazada por la Juez Cuarta de Circuito.

El informe identifica diferencias entre los registros internos del banco y las certificaciones externas.

Para los conocedores del expediente, la omisión de este informe implica que la justicia no contó con la única auditoría forense oficial disponible sobre el manejo de los créditos, en un caso que paralizó proyectos hoteleros en Coclé y afectó a decenas de trabajadores.

La revelación del documento plantea interrogantes clave: ¿Por qué una prueba solicitada por el propio Estado quedó fuera del proceso? ¿Quién se beneficia de su ausencia? ¿Puede considerarse válido un fallo que no pondera la auditoría oficial más completa del caso?. Las respuestas a estas preguntas siguen pendientes.

Mientras el proceso continúa, la exclusión de este informe deja vacíos clave en un caso que ya había expuesto tensiones estructurales entre el sistema financiero y los mecanismos judiciales. Para RG Hotels y para Rugiere Gálvez la disputa no solo se trata de cifras: también plantea dudas sobre la transparencia y el equilibrio procesal en decisiones que afectan proyectos empresariales y empleo en la provincia de Coclé.