El proyecto de ley 595, que autoriza y regula el uso medicinal del cannabis, fue aprobado ayer en primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

La aprobación se dio después de que los cinco comisionados dieran su voto a favor para la importación y no a la siembra de la planta en el país.

Entre los acuerdos de modificación a los que se llegaron para darle paso al proyecto de ley está la eliminación de todos los artículos de siembra y cultivo.

"El espíritu original no era despegar el tema de producción de marihuana", insistió José Luis Castillo, presidente de la comisión que tiene el tema en discusión.

Por su parte, el diputado Crispiano Adames, quien también es parte de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, dejó claro que "el cultivo y la producción en el país no son posibles bajo ninguna forma, requisito y fundamento".'

31 de octubre de 2017, fue presentado el proyecto sobre el uso del cannabis para fines medicinales por José L. Castillo.

Y es que el cultivo, la producción, distribución y venta de la marihuana en Panamá fue uno de los puntos que más enfrentamiento causó entre los proponentes del tema y las autoridades de Salud.

"No estamos preparados con las vulnerabilidades sociales que tenemos, falencias y retos en materia de seguridad", dijo Adames, apoyando la posición de los gremios de salud.

¿Libre acceso?

La única forma en que los pacientes puedan tener acceso al cannabis medicinal será bajo prescripción médica.

Según lo estipulado, tras el primer debate, la importación será por medio de Farmacias y Droga del Ministerio de Salud, contando con la práctica de registro de buena manufactura sanitario, bajo la Ley 1 de medicamentos de 2001.

"Se podrá acceder al producto de importación y no por contrabando de aceites que mitigan el dolor, pero no están reconocidos en la realidad farmacéutica", puntualizó Adames.

Negociado

José Luis Castillo reconoció que aunque el "espíritu" de la propuesta no era cultivar en Panamá, "siempre han existido empresas interesadas en bajar los costos y producir".

También reconoció que había empresas de Canadá, Israel y Puerto Rico interesadas en la distribución de la marihuana.

"Lo importante es que los pacientes no se sintieran contrabandistas del medicamento", finalizó.