La gestión de Guillermo Ford, embajador panameño en Washington, fue cuestionada ayer por el legislador arnulfista, Jacobo Salas, durante la reunión de las comisiones legislativas que discuten dos proyectos de ley referentes al lavado de dinero, encuentro en el que uno de los abogados estadounidenses contratados por el Gobierno calificó de "política" la decisión del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI) de incluir a Panamá en la "lista negra".
Durante la reunión, en la cual consultaron la opinión de diversos grupos sobre los proyectos que se discuten en primer debate, Salas preguntó ¿por qué el embajador de Panamá en Washington no informó al Gobierno que desde el mes de febrero el GAFI estaba evaluando las acciones panameñas en materia de lucha contra el lavado de dinero?
No se justifica que desde hace meses en Estados Unidos se conociera de esto y no se hubiera informado al Gobierno, sino hasta agosto cuando ya era casi imposible evitar que Panamá quedara dentro de esta lista negra.
Los legisladores lograron ayer un consenso y decidieron excluir a las empresas de la Zona Libre de Colón de las instituciones que deben presentar informes detallados de sus transacciones en efectivo para evitar el lavado de dinero, acción que según los empresarios les resta competitividad internacionalmente.
Mientras que Carlos Loumiet, abogado consultor del buffette Greenberg Traurig Attorneys at Law, contratado por Panamá para representar al país ante el GAFI, cuestionó la decisión de este organismo por considerar que la evaluación de los países se hace de manera informal, sin la uniformidad y transparencia requerida.
El asunto está en que el GAFI lo integran las naciones más poderosas y ricas del mundo, que tienen sus propias decisiones en base a sus intereses particulares y políticos, pero a pesar de esto cualquier opinión o juicio que emitan será tomada en cuenta a nivel internacional y se le otorgará credibilidad.
Añadió que la inclusión de los países en la lista negra es un "acto político", ya que el GAFI lo integran 29 países, cada uno de los cuales tiene determinada política internacional, que aplican al momento de evaluar a las naciones en cuestión.
Lourniet dijo que con la aprobación de los dos proyectos de ley que se discuten actualmente en la Asamblea Legislativa, no hay seguridad de que Panamá sea excluida de la lista negra, pero en el caso que las mismas estén preparadas para el próximo 4 de octubre, fecha de la próxima reunión del GAFI, la situación panameña podría ser analizada.
Insistió en que la GAFI no ha impuesto un plazo a Panamá, pero sería preferible que esta legislación esté aprobada para tener argumentos que presentar y demostrar a esta organización que hay intención de contribuir en la lucha contra el lavado de dinero internacional.
Loumiet dijo que la GAFI incluyó a Panamá en una lista negra, después de analizar su legislación en esta materia, lo cual hizo en un período de tres meses, acción que a su juicio es casi imposible, si se toma en cuenta que se hacia lo mismo con otras treinta naciones, por lo cual considera que esto se hizo a la ligera.
Además de Loumiet viajó a Panamá Pat O´Brien, también consultor del mismo buffette que se encarga de "hacer lobby" y representar al Estado panameño ante la GAFI en Washington.
Durante la reunión de ayer la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) reiteraron sus opiniones sobre las propuestas.
Giovanni Ferrari, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, recalcó que las empresas del área franca son instituciones comerciales y no financieras, por lo tanto no hay razón para que se les exija lo mismo que a un banco u otra institución comercial.
Mientras que Mario De Diego, representante de la Asociación Bancaria de Panamá, adelantó que las exigencias que se hacen a través de estos proyectos de ley no afectaría a los bancos, ya que la mayoría de las acciones que se proponen son implementadas actualmente en base a lo que establece la Ley 46 que rige esta actividad.
El presidente de la Comisión de Drogas, Miguel Bush, destacó que uno de los principales cuestionamientos del GAFI estriba en que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no intercambia información con organismos similares de otros países, sobre las actividades de lavado de dinero a nivel internacional.
Por su parte, Victoria Figge, la primera directora de la UAF, se mostró de acuerdo con que esta entidad intercambie información con organismos similares de otras naciones, sin embargo, indicó que lo único que lo impide por el momento es la ley que rige esta actividad.
