El asesor de la Asamblea Legislativa, Carlos Abadía, señaló que por principios se debe efectuar el pago de B/. 3.8 millones adeudados a los legisladores del periodo anterior, y respetar así lo que la Corte Suprema de Justicia decidió.
Agregó que lo que a continuación se presentará es un asunto administrativo, donde el Estado tendrá la facultad de conversar y decidir los mecanismos a seguir de manera que no se afecte el presupuesto, como podría ser pagarles en 5 ó 10 años.
Abadía aclaró que lo que no puede hacerse es ignorar una decisión de la Corte, porque esto crearía un mal precedente, donde el Estado pudiera exonerarse de sus responsabilidades en otras ocasiones similares.
El funcionario señaló que esta situación debe quedar bien resuelta, porque el pronunciamiento de la máxima entidad de justicia panameña es clara al afirmar que se debe pagar el diferencial a los legisladores durante el tiempo que los ministros cobraron el aumento salarial autorizado en el período pasado.
Cabe destacar, que los legisladores del período 1994-1999, solicitan cada uno la suma de 54 mil balboas en salarios caídos durante los 18 meses que en su conjunto serían B/. 3.8 millones y que corresponden a la equiparación de emolumentos que establece el reglamento interno de la Asamblea en el artículo 205 de la Ley No. 49, luego que el expresidente Ernesto Pérez Balladares decretó un aumento salarial a sus ministros de Estado, dejando a los legisladores al margen de este beneficio.
Diversos sectores del país se han pronunciado sobre esta situación, luego que la Corte Suprema de Justicia declarara que el referido artículo no es inconstitucional, dejando entrever que los legisladores sean renumerados.
