En otra acción que denota la persecución política contra el gobierno anterior, la Dirección General de Ingresos (DGI) ordenó el secuestro de los bienes, cuentas corrientes, depósitos y cualquier cuenta bancaria de la Central Azucarera La Victoria, S.A., vinculada al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

En un auto fechado el 4 de marzo de 2015 y firmado por Publio Cortés, director general de Ingresos, persona de confianza del presidente Juan Carlos Varela, al que tuvo acceso este medio, se especifica que el secuestro es por 33 millones 531 mil 290 dólares con 32 centavos ($33,531,290.32).

Esto, a pesar de que el informe preliminar estableció que la supuesta suma nominal de impuesto dejado de pagar asciende a 4 millones 191 mil 411 dólares con 29 centavos ($4,191,411.29).

Al parecer, el mandatario Varela intenta con esta nueva medida apoderarse del negocio del azúcar, luego de que a mediados de noviembre del año pasado la empresa Campos de Pesé se viera obligada a cerrar operaciones, dejando sin empleo a 2,200 personas.

Celeridad

En el documento de la DGI se registra que el 29 de enero fue presentada a esta instancia una denuncia por la existencia de una presunta defraudación fiscal por parte del ingenio, al adquirir un número plural de fincas, cuyos valores inscritos en el Registro Público distan considerablemente de los valores que les fueron reconocidos en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

En solo 12 días hábiles, contrario a la pesada burocracia que afecta a miles de panameños que realizan sus trámites administrativos, el 19 de febrero, el Registro Público remite copias autenticadas sobre los valores inscritos de las fincas, los que supuestamente difieren con los valores certificados por el Mici.

Aunque el informe preliminar del Departamento de Auditoría y Fiscalización de la DGI establece que la suma dejada de pagar asciende a 4.1 millones de dólares, el secuestro se impone por 33.5 millones de dólares, lo que equivale a una posible multa de siete veces lo que supuestamente se debe al fisco.

El argumento de la DGI es que “el contribuyente podría tomar alguna medida que dificulte el cobro efectivo de la suma...Es por ello que estimamos justificado, no solo decretar una medida cautelar, sino fijar un monto razonablemente importante”.

Ayer, en su cuenta de Twitter, el expresidente Martinelli calificó como “totalmente falsa e injusta la persecución comercial, judicial y política” que le ha montado en el Ingenio La Victoria, el presidente Varela.

A propósito de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra desde hoy en Panamá, Martinelli advirtió que se está irrespetando el debido proceso en el país, en un ambiente en el que el Gobierno de turno atenta, incluso, en el ámbito comercial contra sus adversarios.

“Ojo a la SIP en Panamá, no hay respeto a la ley ni debido proceso, todo el que se le opone lo atacan comercial, mediática y judicialmente” (Sic), escribió el también empresario.

Hechos

En el gobierno de Juan Carlos Varela se han aplicado medidas para favorecer la actividad comercial en la cual se desempeña.

Es así como recientemente se aprobó el proyecto de Ley 126 que aumenta el impuesto a la cerveza, con el objetivo de equiparar el gravamen al que pagan en la actualidad las bebidas alcohólicas, productos en los que tiene intereses económicos el mandatario, cuyas tasas fueron modificadas en 2013, por propuesta presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda.

A esto se suma la persecución comercial emprendida contra la empresa Campos de Pesé, que operó en el mismo distrito donde tiene su empresa el presidente, la que la llevaron a cerrar sus operaciones en el país.

Todo comenzó cuando el 19 de agosto de 2014, con menos de dos meses en el poder, el Consejo de Gabinete emitió una resolución en la que ordenaba la disminución del precio de venta del etanol, de $1.22 a $0.78 por litro.

A esto se sumó una resolución de la Secretaría de Energía que hizo opcional el uso del etanol.

Esta decisión afectó directamente a la empresa que ya no pudo sostenerse económicamente, por lo que anunció su cierre definitivo el 16 de noviembre, dejando sin trabajo a más de 2,300 personas.

Abogados de Ricardo Martinelli, consultados al respecto, informaron a Panamá América que estudiarán el auto de secuestro ordenado por la DGI contra la empresa azucarera para emitir una declaración esta tarde.

Sin embargo, afirmaron que es claro y evidente de que es parte de la persecución política contra el exmandatario.

Cifras

• 95 fincas fueron mencionadas en la denuncia presentada contra la empresa azucarera.
• 4 ingenios azucareros operan en el país. La Victoria es el segundo más grande.